País (22/10/18). «Ahora se pretende desandar compromisos con una sola mirada fiscal, ignorando que sin productores y sin producción, solo habrá números en el aire pero nunca una economía real que sustente la desmesura del gasto público».
Así se pronunció Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al expresar sus críticas contra el proyecto de Presupuesto del año próximo que el oficialismo, con el apoyo del peronismo dialoguista, busca darle media sanción este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados. La queja del campo se centra en la fuerte presión fiscal.
En este sentido, el campo hizo un llamado a la reflexión a los diputados nacionales «para que tomen conciencia de la representación que ejercen y el mandato que tienen a la hora de definir un nuevo Presupuesto».
Desde la entidad ruralista insistieron en manifestar que están dispuestos «a discutir con números en la mano los resultados de nuestras empresas agropecuarias». «Si se quiere trabajar con honestidad intelectual y hacer los ajustes donde corresponde, tienen los diputados nacionales la obligación de aceptar esta propuesta», resaltaron.
Ante el tratamiento y aprobación que se viene en el seno de la Cámara de Diputados, la CRA enfatizó que «el sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país».
«El constante cambio de reglas de juego, va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto», remarcó la organización federal en la que están representadas todas las voces de la producción en su diversidad geográfica como en sus distintas variantes productivas.
Al renovar su reclamo de ser escuchados en el Congreso, la CRA rechazó que el próximo Presupuesto «se convierta en una herramienta para continuar con la fiesta de los privilegiados del gasto público que pagamos no sólo la actividad agropecuaria, sino todo el resto de los argentinos».
«Deberían los funcionarios saber que la producción soporta ya una enorme carga tributaria (nacional, provincial y municipal) que representa cerca del 53% de sus ingresos brutos, y del mismo modo actuar con mayor prudencia ya que nuestra historia demuestra que una vez establecido un impuesto es muy difícil que pueda ser anulado en el futuro», aseveró.
