Córdoba (28/10/18). El legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico-Cambiemos) se refirió en duros términos a la rescisión del contrato con la empresa Grababus que el Gobierno confirmó a través de la publicación del decreto 1670/18. En cuanto a la denuncia penal que se le inició a la firma por evasión fiscal, el juecista adelantó que irá a la Justicia para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios provinciales.
En la tarde del viernes, en un edición extraordinaria, el Ejecutivo provincial informó de la rescisión contractual con la empresa adjudicataria del servicio de grabado indeleble de autopartes de autos y motos. Se argumentó «incumplimiento» por parte de la firma. En el decreto se da cuenta que Grababus no sólo mantiene deuda sino además que se detectó evasión impositiva. (Ver nota: Por deuda y evasión impositiva, la Provincia rescindió el contrato con Grababus).
El férreo opositor a Unión por Córdoba, que en varias oportunidades rechazó el contrato por el cual se otorgó el servicio de grabado indeleble, afirmó este domingo que “la decisión que toma el Ejecutivo respecto a la empresa Grababus nos termina dando la razón de que estábamos ante una estafa a los cordobeses y un enorme negociado de una empresa privada en connivencia con el Gobierno provincial».
En este plano, el parlamentario del Frente Cívico advirtió del caso que viene denunciando desde el 2015 y puntualizó que «en el año 2017 estimamos que se quedaron con más de $180 millones de pesos de los cordobeses».
Al recordar que presentó numerosos pedidos de informes sin respuestas y el proyecto para derogar la ley 10.110 que creó el servicio adjudicado a Grababus, Quinteros redobló la apuesta, al confirmar que este lunes renovará su demanda.
«No podemos permitir dejar la puerta abierta para que otra empresa se quede con el dinero de los cordobeses. La ley fue tan ineficiente que no solo no frenó la venta de autopartes robadas -motivo para el cual había sido promulgada la ley-, sino que robaron millones de pesos en un negociado en el cual los socios se terminaron desconociendo», fustigó.
El juecista resaltó que la “evasión” del pago de impuestos parece ser la excusa ideal para culminar «un turbio negocio». De esta manera aludió a la denuncia penal de la administración cordobesa contra Grababus, a lo que Quinteros destacó que la hicieron «porque están cerca de ser denunciados los propios funcionarios del Gobierno provincial por su complicidad manifiesta».
«Conocen claramente que estábamos detrás, y muy cerca, de los responsables de este auténtico y escandaloso hecho de corrupción. No lo pudieron encubrir más», subrayó.
Ante las implicancias legales que le cabe a la empresa por la evasión impositiva, el opositor adelantó que realizará una presentación judicial «para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios provinciales en lo que jamás dudamos en calificar como un negociado de enormes dividendos, nulos resultados y de clara complicidad entre la empresa privada y los funcionarios provinciales».
