País (10/11/18). Esta iniciativa que sería tratada este mes por la Cámara alta del Congreso, pretende bancarizar y transparentar los aportes privados en las campañas electorales de los partidos políticos.
El proyecto de ley que busca transparentar los aportes a los partidos políticos y permitir el de empresas privadas a las campañas electorales, consiguió en el Senado las firmas necesarias para constituir dictamen, con el objetivo puesto en llevar el tema al recinto para su media sanción antes de fin de mes.
El expediente reúne un conjunto de iniciativas presentadas por senadores de Cambiemos y del Justicialismo y no había logrado obtener el miércoles último las firmas necesarias para el dictamen, algo que se consiguió este viernes por parte de senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia y Asuntos Penales.
Se trata de una nueva norma que pretende bancarizar y así transparentar los aportes privados en las campañas electorales de los partidos políticos y, también, regular el trabajo de las encuestadoras, consignó Télam.
La iniciativa sobre financiamiento de los partidos políticos levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas.
Asimismo, establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al cinco por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
Voces de expertos
En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado, ya expusieron más de una decena de expertos en la materia. Entre ellos, representantes de organismos públicos, de la Justicia y de organizaciones de la Sociedad Civil.
En la reunión conjunta de comisiones del miércoles, el coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos, Nicolás Tereschuk, advirtió que «en los últimos años hay una tendencia en Sudamérica a prohibir los aportes de las empresas a las campañas electorales» y que «en los países donde se permite se ponen límites», luego de lo cual lamentó que «aquí falta la voz de los sindicatos».
El fiscal general Jorge Di Lello resaltó que «el financiamiento debe ser público» y que «en el caso del aporte mixto el mismo tiene que ser amplio desde el punto de vista de los sujetos jurídicos» ya que «no hay aportes desinteresados».
Señaló además la importancia de «tomar un coeficiente fácil para los aportes de campaña» y de que «haya una autoridad partidaria responsable o que se contrate un contador», al tiempo que resumió que el código de procedimientos debería ser de fácil interpretación y estar en relación con los códigos públicos.
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Silvana Yazbek, afirmó que «compartimos la idea de fiscales especializados» y que «acercar a la ciudadanía a los procesos da más credibilidad y transparencia, no solamente en la figura de observador sino veeduría y auditoria».
«Nosotros propiciamos la participación política de las mujeres y creemos importante que haya un financiamiento destinado para el liderazgo femenino», añadió.
Por último, el responsable de Integridad en el Financiamiento de la misma institución, Diego Gamba, propuso que -como prevención- se podría «incluir a los partidos políticos y las alianzas electorales como sujetos obligados y así la Unidad de Información Financiera (UIF) podría emitir una regulación para que los mismos tuvieran elementos para requerir a sus aportantes la solicitud de licitud del origen de sus fondos».
También se refirió a la bancarización de los aportes a las campañas electorales para recomendar que «si lo que se quiere es conocer el origen del dinero y tener una correcta trazabilidad del aporte, creo que la ley que lo establezca debe prohibir que se reciban depósitos bancarios en efectivo porque un depósito no tiene trazabilidad».
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