Córdoba (12/11/18). La diputada nacional por Córdoba y referente del PJ Capital se refirió a la implementación del protocolo que se debe aplicar en los casos de abortos no punibles que se encuentra suspendido en la provincia a raíz de su judicialización, a la espera de un fallo del Tribunal Superior de Justicia.
La influyente dirigente peronista Alejandra Vigo afirmó este lunes que es «urgente que se resuelva en Córdoba la implementación del protocolo suspendido desde 2008 para los casos en que deben practicarse abortos no punibles en los hospitales públicos».
La parlamentaria se pronunció de esta manera ante la judicialización del tema que sigue sin una resolución final por parte del máximo Tribunal de Justicia de Córdoba, que hoy avanzó un paso más en el proceso de la causa.
«La resolución del TSJ de hoy, da cuenta del reclamo de la sociedad cordobesa», destacó la esposa del gobernador Schiaretti.
Es urgente que se resuelva en Córdoba la implementación del protocolo, suspendido desde 2008, para los casos en que deben practicarse abortos no punibles en los hospitales públicos. La Resolución del TSJ de hoy, da cuenta del reclamo de la sociedad cordobesa.
— Alejandra Vigo (@alevigo) 12 de noviembre de 2018
No a las dilaciones
El Alto Cuerpo rechazó este lunes las recusaciones que la asociación Portal de Belén había planteado contra cuatro vocales y contra un camarista llamado a integrar el tribunal que resolverá en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Protocolo.
Al mismo tiempo, instó a las partes a que eviten dilaciones y “manifestaciones litigiosas deformadas”, teniendo en cuenta la expectativa social por una decisión que ha de gravitar en “derechos de la más alta jerarquía constitucional y convencional”.
“Este Tribunal, una vez más, ratifica que el aseguramiento del más amplio derecho de defensa que en esta causa se ha garantizado meticulosamente es incompatible con el despliegue de conductas dilatorias, con mayor razón cuando la sociedad cordobesa y las otras partes están esperando una pronta resolución sobre una controversia que reviste la máxima trascendencia social e interés público”, concluyó el TSJ en su resolución.