País (13/11/18). A través del Proyecto IRESUD se viene impulsando la tecnología y el conocimiento local para promover la industria y la legislación necesaria para que cada consumidor pueda instalar sus paneles solares y no sólo abastecerse de energía, sino vender el excedente a la empresa distribuidora.
La reciente reglamentación de la Ley 24.724 de “Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública” permitirá avanzar un paso más en la transformación de la matriz de producción de energía al incorporar un cambio revolucionario en lo que hasta los usuarios conocen como consumo eléctrico, ya que podrán inyectar a la red el excedente de energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables y cobrar por ello.
Este tipo de generación responde al concepto de sistema de generación distribuida, que es justamente el modelo que, desde hace años, busca impulsar el Proyecto IRESUD, un consorcio público-privado conformado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y cinco empresas privadas.
El sistema de generación distribuida ubica la producción de energía cerca de los centros de consumo, disminuyendo pérdidas de electricidad en el circuito de la distribución y reduciendo los gastos de transporte.
De acuerdo con el doctor Julio Durán, del Departamento de Energía Solar de la CNEA, una de las principales ventajas de este modelo es que permite reemplazar parcialmente la quema de combustibles fósiles, que además de ser caros son muy contaminantes. Asimismo, si los usuarios generarán su propia energía, el monto de las facturas que reciben mes a mes se reduciría sensiblemente.
Durán recuerda además que, en el año 2012, cuando el Proyecto IRESUD comenzó a dar sus primeros pasos, se propusieron un ambicioso objetivo: impulsar la tecnología y el conocimiento local para promover la industria y la legislación necesaria para que cada usuario pueda instalar sus propios paneles solares y no sólo abastecerse de energía, sino vender el excedente a la distribuidora de energía.
A lo largo de los últimos años, un puñado de provincias –entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Mendoza, Neuquén, Misiones y Tucumán– adoptaron la normativa necesaria para que usuarios particulares puedan concretar una instalación de este tipo.
Usuarios generadores
De acuerdo con la reciente reglamentación de la Ley 24.724, las compañías distribuidoras estarán obligadas a facilitar la inyección de los eventuales excedentes surgidos básicamente de paneles solares (aunque también podría ser de otras instalaciones, por ejemplo aerogeneradores), mediante el libre acceso al servicio de transporte y distribución de electricidad.
Para este tipo de sistema de generación distribuida, no serían necesarias las baterías lo que reduciría el precio de la instalación, así como los costos de mantenimiento. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, el costo de los paneles solares para una vivienda podría rondar los 4 mil dólares.
Por otro lado, la Ley fija la obligatoriedad de adoptar este sistema en edificios públicos nacionales nuevos y la realización de los estudios pertinentes para el agregado en existentes. También establece un Régimen de Fomento a la generación distribuida a través de subsidios y créditos fiscales a empresas e industrias que deseen hacer estas instalaciones.
Para demostrar la factibilidad de este modelo y generar energía limpia en diversos lugares del país, IRESUD lleva realizadas más de 50 instalaciones fotovoltaicas que funcionan en universidades, municipalidades y otros organismos públicos y privados de 16 provincias, e incluso en la Base Marambio de la Antártida Argentina.
