Córdoba (16/11/18). Como la anticipó Agenda 4P en una nota publicada el miércoles con motivo de la detención de los responsables de la empresa Grababus en el marco de la causa por evasión impositiva, legisladores opositores presentarán a principios de la semana próxima una ampliación de denuncia ante la Justicia.
Con la presentación judicial, el triunvirato opositor compuesto por los parlamentarios Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros solicitarán ante la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier -quien ordenó las dentenciones de los Sorensens-, la ampliación de la investigación sobre las conductas desplegadas por los funcionarios provinciales que «permitieron este resultado ruinoso para la provincia», afirmaron.
«Entendemos que para que se haya configurado el delito que se imputa o bien se contó con la lisa y llana complicidad de funcionarios públicos o, mínimamente, se incumplió el deber del control que estaban obligados a realizar», puntualizó el juecista Quinteros.
De esta manera, el integrante del bloque Frente Cívico en Cambiemos se refirió a la responsabilidad de los estamentos de Gobierno que hicieron «la vista gorda» ante el accionar de la empresa que tenía la concesión del servicio del grabado indeleble de autopartes, antes de que la administración provincial decidiera rescindir el contrato por deuda y evasión impositiva.
“La Provincia de Córdoba por medio de sus oficinas en los puestos de verificación o por el cobro a través de medios digitales, y por la obligatoriedad de realizar el trámite en puestos de verificación a cargo de la Policía de Córdoba, recaudaba el 100% de lo que se cobraba por el ‘Grabado Indeleble de Autopartes’, previsto en la ley 10.110, cuya derogación hemos solicitado en reiteradas oportunidades», advirtió el opositor, quien también apuntó contra la autoridad de aplicación de la ley, el Ministerio de Gobierno.
En esa línea, Quinteros enfatizó que “claramente existió, como mínimo, un incumplimiento de deberes de funcionario público, y queremos también que se investigue un delito de mayor gravedad en el accionar deliberado de la omisión de control por parte del Estado».
Argumentó que «es imposible que Grababus evada más de 40 millones de pesos en las narices del Ministerio de Gobierno, cuando ellos mismos realizaban la gestión de cobro, a través de la Policía de la Provincia, y por ende cuentan con el monopolio de la información de la totalidad de inscripciones y transferencias de automotores y motovehículos en todo el territorio cordobés”.
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