San Luis/País (18/2/19). El amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, y tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional. Argumentaron como “inconstitucional e inaplicable” el aumento en la tarifa del gas.
El Gobierno de la Provincia puntana demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) ante la Justicia Federal por el alto incremento a las tarifas del gas que busca aplicar el Gobierno que conduce Mauricio Macri.
El amparo judicial fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, y tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional , por el cual también exigió la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los aumentos en la tarifa del gas”, sostuvo en la denuncia.
Según las recomendaciones del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la demanda se inició como una acción colectiva que pretende extender los efectos a todo el universo de clientes y/o usuarios y/o beneficiarios, e instituciones públicas provinciales que albergan a los usuarios más vulnerables.
Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario. Para el Estado sanluiseño, esa determinación viola los derechos de los consumidores y específicamente lo dispuesto en el articulado de la Constitución Nacional.
La acción exige además una mayor transparencia en la metodología de facturación en el servicio a usuarios de la Provincia de San Luis, ya que –según los fundamentos que redactó Fiscalía de Estado- se encuentran “violentados los principios constitucionales de legalidad y el de equidad, así como la previsibilidad, que hace a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos; lo que produce un resultado confiscatorio y violatorio de garantías constitucionales y que excede cualquier límite razonable”, indica la denuncia.
El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, opinó que “el aumento del gas se produce por una decisión del Estado nacional de devaluar la moneda nacional y las consecuencias no pueden ser soportadas, sin más, por los usuarios del servicio público en forma exclusiva. Se afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos”, señaló.