Córdoba (21/2/19). Tras conocerse ayer el fallo judicial que ordena, cuatro años después, depurar el padrón de la localidad de San Jerónimo, del departamento Pocho, el cuál favoreció al gobierno de UPC, otorgándole la mayoría legislativa en Córdoba, la diputada nacional Soledad Carrizo afirmó que, “es hora de ponerle fin a las prácticas fraudulentas que, dañan nuestra democracia”.
“Desde el año 2017 vengo trabajando para fortalecer y resguardar el sufragio genuino y la pureza de los procesos electorales en nuestro país. Próximos a iniciar un nuevo año electoral, es hora de garantizar la libre voluntad soberana de toda nuestra ciudadanía”, afirmó la legisladora cordobesa.
En este sentido, la diputada radical recordó que presentó dos proyectos en la Camara baja del Congreso, a través de los cuales, se solicita expresamente «eliminar las prácticas fraudulentas que afectan la genuina expresión electoral de una comunidad».
«Básicamente intento garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de nuestra ciudadanía, buscando combatir el fraude electoral de domicilios inexistentes. Este año voy a impulsar el pronto tratamiento de los 2 proyectos que he presentado sobre esto”, afirmó Carrizo.
Los padrones electorales están basados en la información que brindan los registros civiles municipales y provinciales al Registro Nacional de las Personas a partir de la simple declaración de domicilio e identidad de quienes están habilitados para votar.
Sobre los datos remitidos por el Registro Nacional de las personas, se conforma finalmente el registro nacional electoral y la confección de los padrones electorales que luego serán utilizados el día de la elección.
De tal manera -sostiene Carrizo- que la conformación de los padrones de determinado territorio queda librada a la sola declaración de las personas acerca de su domicilio, cuestión esta que no reclama por parte del denunciante, prueba alguna que lo acredite.
Al hacer foco en los dos proyectos de su autoría que insistirá en su tratamiento en el presente año legislativo, Carrizo destacó que ambas iniciativas «persiguen los mismos objetivos a través de metodologías diferentes, el primero de ellos, solicitando al propio PEN que modifique la Resolución Nº 1101/11 del Registro Nacional de las Personas en cuanto omite la acreditación del domicilio; mientras que el segundo completa el ordenamiento normativo con prescripciones que regulen con mayor precisión la cuestión de los cambios de domicilio y las prácticas fraudulentas que tienen a viciarlo”.
