País (28/2/19). También se amplió el procesamiento a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros exfuncionarios K, por cobrar coimas de Odebrecht para la construcción de una planta potabilizadora de agua y otra de tratamiento de líquidos cloacales de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
En el marco de esta causa, el magistrado amplió el procesamiento a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini.
En esta ocasión, se procesó en calidad de intermediario en la recepción de sobornos a Jorge «Corcho» Rodríguez, contadores argentinos y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA, una sociedad off shore con asiento en Montevideo que recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, enviaba en forma clandestina a funcionarios públicos.
Tanto a las empresas como a las personas involucradas se les dispusieron embargos de 511 millones de pesos.
En esta causa se investigan obras de Aysa en las que participaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa asociadas con empresas argentinas.
Se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.
Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas.
Tras dictar los procesamientos, el juez Casanello solicitó al Ministerio Público Fiscal -encargado de obtener la prueba obrante en Brasil– que avance en el proceso de colaboración.
Destacó que los estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la investigación y represión de los delitos de corrupción.
Por último, solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos.
