Córdoba (7/3/19). Los legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero fueron notificados este jueves de la decisión que tomó el juez Gustavo Hidalgo, exfiscal anticorrupción.
“La ex Kolektor cobra de la Provincia aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales y nadie la investiga”, cuestionaron los integrantes del arco opositor en la Unicameral, tras conocer la medida dispuesta por Hidalgo de archivar la causa.
Cabe recordar que el 27 de agosto del año pasado, los legisladores Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero presentaron una denuncia ante la Justicia provincial por la existencia de un presunto direccionamiento de la licitación pública para contratar servicios de cobranzas de impuestos que le fue adjudicada a la firma anteriormente denominada Kolektor.
Los parlamentarios manifestaron que la ex Kolektor constituye hoy una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas “Servicios y Consultoría S.A” de los señores Cristian y Herman Karsten y “Compañía de gestión, Administración y Fiscalización S.A” de los señores Patricio y Guillermo Álvarez.
En la denuncia presentada en agosto de 2018 por el triunvirato opositor se le pedía al Fiscal Anticorrupción que investigara acerca del proceso licitatorio en el que saliera beneficiada la UTE integrada por Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA para el cobro de impuestos de la Provincia.
En los argumentos que plantearon los tres parlamentarios a la hora de la presentación de la denuncia penal, por los cuales se puso en duda la mencionada licitación, se destacaron: el corto plazo para la presentación de ofertas; los altos montos en las garantías; la excesiva Garantía para realizar impugnaciones; la capacidad técnica, patrimonial y económica; y que el pliego no contempló el traspaso de los 900 empleados de Kolektor, entre otros.
Asimismo, García Elorrio, Quinteros y Montero, solicitaron que se investigue «la existencia de una relación preexistente entre los hermanos Álvarez y Horacio Miró, específicamente en la sociedad Madero Urbana S.A.».
Según los legisladores, se advirtió que «ellos comparten la propiedad del complejo de departamentos ‘ART MARIA’ en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
“Cuatro veces le solicitamos al fiscal Bornancini que solicitara el informe realizado por la UIF sobre el emprendimiento de Madero Urbana S.A., entre otras medidas. Evidentemente no hubo voluntad por investigar», expresaron los parlamentarios en una declaración conjunta que se conoció este jueves.
Sostuvieron además que «durante el 2018 estas empresas tuvieron ingresos de aproximadamente 2.000 millones de pesos por el negocio de la cobranza de impuestos, y todavía no podemos saber si la licitación fue transparente».
Por su parte, fiel al estilo que lo caracteriza, Quinteros salió con los tapones de punta: «Hidalgo debería tener, al menos, una mínima actitud de decoro y apartarse en nuestras denuncias. Lo debería hacer porque así lo establece el Código Procesal Penal».
«Lo denunciamos por encubrimiento agravado porque lo consideramos parte de los hechos de corrupción que luego decide archivar con su firma», subrayó el opositor.
Por último, Quinteros sentenció que «la ‘Agencia Córdoba Justicia’ sigue gozando de buena salud. Es lamentable está patética imagen del Poder Judicial y deberían ser los propios fiscales y jueces, probos y responsables, los que generen los anticuerpos necesarios para erradicar a esta clase de funcionarios que no son más que serviles esbirros del poder político».
