País (19/6/19). El convenio fue firmado entre el fiscal federal Franco Picardi y el Ministerio Público Federal de Brasil.
Mediante este acuerdo de compromiso bilateral, el Ministerio Público Federal de Brasil remitirá la información reunida en ese país en los casos “Lava Jato” y “Odebrecht” vinculada a las maniobras de corrupción público-privada que rodearon a la adjudicación y tramos de continuidad de la obra pública del soterramiento del Sarmiento.
La firma del «compromiso bilateral» se concretó luego de que la Cámara Federal porteña confirmara la validez del acuerdo al que arribó Picardi con el Ministerio Público Federal de Brasil, informaron fuentes judiciales.
Picardi es el fiscal que investiga el supuesto pago de coimas para el Soterramiento del tren Sarmiento, donde hubo procesamientos por presuntas negociaciones incompatibles, incumplimiento de funcionario público y dádivas, aunque no se consideró probado hasta el momento el pago de sobornos.
Por ello, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito a empresarios como Ángelo Calcaterra y Jorge Rodríguez.
Desde la Procuración General se dijo que la información que se sumará a la investigación que se lleva adelante en la Argentina, incluirá declaraciones de diversos ejecutivos de las firmas Odebrecht y Braskem que, en calidad de colaboradores y renunciando a su derecho de no incriminación, se presentaron ante las autoridades judiciales brasileras y aportaron detalles acerca de las estructuras criminales pergeñadas a nivel regional por las empresas involucradas para la adjudicación espuria de contratos multimillonarios de obra pública.
Esto último había planteado inicialmente inconvenientes a la colaboración bilateral, fundados en las regulaciones dispares de ambos ordenamientos procesales.
Cabe mencionar que la colaboración bilateral estaba frenada y no se llegaba a un acuerdo con las autoridades judiciales del país vecino. En ese contexto, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, constituyó una mesa de trabajo interinstitucional para la articulación de un convenio que fuera acorde a ambas legislaciones procesales.
Como así también que dicho acuerdo posibilite que el contenido de las pruebas remitidas pueda ser válido y eficazmente utilizado por los fiscales en el marco de las investigaciones en curso de este país.