Córdoba (2/7/19). En la tarde de este martes, tres referentes de la fuerza política que integra la alianza Cambiemos junto al radicalismo, realizó la presentación en la Unicameral en contra de la iniciativa impulsada por el bloque UCR.
Con la firma de los dirigentes Leonor Martínez Villada (diputada nacional), Cecilia Irazuzta (legisladora provincial electa) y Gregorio Hernández Maqueda (presidente del partido), la Coalición Cívica Córdoba impugnó la designación -por tercera vez- de Mario Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia.
Fue el propio Hernández Maqueda quien confirmó a través de las redes sociales la impugnación mediante una nota dirigida a los legisladores provinciales.
«Hemos presentado con Leonor Martínez Villada y Cecilia Irazuzta una impugnación a la candidatura de Mario Decara para continuar al frente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba», destacó el titular de la CC-ARI Córdoba y argumentó que es «por no defender los derechos humanos, del ambiente, de los usuarios ni de los consumidores».
En su presentación, los dirigentes de la CC-ARI señalaron que hubo una «total omisión ejercida por la Defensoría del Pueblo en dar cumplimiento a las mandas constitucionales y hacer honor a las obligaciones allí consagradas» respecto al impacto ambiental de la construcción en el yacimiento de uranio “Rodolfo” y el ecosistema local por la nueva autovía 38 del Valle de Punilla.
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Asimismo, le cuestionaron al Defensor del Pueblo no haber intervenido -en el ámbito de los servicios públicos- por los incrementos tarifarios y los procedimientos utilizados por la EPEC con aval del ERSeP que fueron materia de actuación de la Justicia provincial.
«La falta del adecuado control por parte de los entes reguladores requiere del adecuado seguimiento por parte de la figura del Defensor del Pueblo como custodio de los derechos de incidencia colectiva», resaltaron los tres representantes de la fuerza de Carrió en Córdoba.
También advirtieron de la inacción en cuanto a los paros intempestivos e ilegales del sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que afectaron a más de 600 mil pasajeros del servicio de transporte público de la Ciudad de Córdoba.
En cuanto al uso de los fondos públicos, Hernández Maqueda, Martínez Villada e Irazuzta se quejaron por el alto porcentaje de recursos que destina la Defensoría del Pueblo a gastos de publicidad (el 20% de su presupuesto anual de $205 millones) de los programas que desarrolla el organismo. Aunque para los «lilitos» tiene un tinte de «propaganda personal».
A modo de conclusión, según consta en la presentación a la cual tuvo acceso Agenda 4P, los dirigentes de la CC-ARI de Córdoba indicaron que Decara ha ejercido el cargo de «manera ineficiente» y afirmaron que lo ha hecho «con incumplimientos expresos de deberes legales a su cargo y con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los ciudadanos».