Córdoba (2/7/19). “Será una herramienta sumamente importante en el combate contra la corrupción como sucede en democracias consolidadas», destacó el autor del proyecto del ley.
El legislador Javier Bee Sellares (UCR) impulsa un proyecto de ley por el cual se modifica el Código Procesal de la Provincia para establecer un Régimen de Protección de Denunciantes, Testigos y Víctimas de los Delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal.
Se trata del cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
“Será una herramienta sumamente importante en el combate contra la corrupción como sucede en democracias consolidadas. A nivel regional, Bolivia, Chile y Perú son los ejemplos de países que han impulsado reformas en sus legislaciones en materia de protección de denunciantes”, afirmo el autor de la iniciativa.
El radical advirtió que la falta de protección y medidas de seguridad para los denunciantes de buena fe de hechos de corrupción retroalimenta el sistema y aumenta los índices de comisión de estos actos delictivos, generando, por lo tanto, mayores niveles de impunidad.
“Con este proyecto se incentivará a aquellos que poseen información o son testigos de actos de corrupción y que se encuentran temerosos a represalias contra su persona o sus allegados a que se acerquen a las autoridades competentes a informar estos hechos”, destacó
La sanción de esta ley -según manifestó su autor- implicará el cumplimiento de normas incluidas en Tratados Fundamentales ratificados por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción, como son la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Cabe mencionar que en el país, en el ámbito del Ministerio de Justicia funciona en la actualidad el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por Ley N° 25.764, que cuenta con medidas de protección en las causas de secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico y terrorismo.
“Este proyecto tiene como objetivo proteger y asegurar el buen funcionamiento del poder público”, enfatizó el integrante de la bancada radical en la Unicameral.