País (29/10/19). La Cámara Federal desvinculó de dos causas a la expresidenta y vicepresidenta electa. Mientras que confirmaron su procesamiento por la cartelización de la obra pública.
La Cámara Federal revocó los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobreprecios en la compra de Gas Licuado y en el expediente por las coimas en los corredores viales.
No obstante, la Justicia confirmó su procesamiento por la cartelización de la obra pública por la cual esta acusada de ser jefa de una asociación ilícita.
Dos procesamientos que pesaban sobre la expresidenta, senadora nacional y vicepresidenta electa fueron revocados. Se trata de sendos expedientes vinculados al caso de los «cuadernos de las coimas» (GNL y Corredores Viales).
De las tres resoluciones dictadas por el tribunal de apelaciones, en dos se dispuso la falta de mérito para la exmandataria: una en la causa que investiga supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), y la otra en la del supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.
Por otro lado, la Cámara Federal porteña confirmó, parcialmente, el procesamiento de Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista.
La Justicia adoptó la misma resolución respecto del detenido exministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido al reducir el número de casos de «cohecho pasivo» por el que se les había ampliado el procesamiento en este sumario derivado de la causa conocida como «los cuadernos de las coimas».
Al reducir los presuntos casos de pago de «coimas», el tribunal también confirmó parcialmente la ampliación de los procesamientos dictados a más de un centenar de ex funcionarios y empresarios, entre ellos José López, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángel Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens, consignó Télam.
Cabe mencionar que varios de los procesados actuaron como «imputados colaboradores» o «arrepentidos» confesando su intervención en los ilícitos investigados.
En esta causa, el juez Bonadio afirmó que en el ministerio y «por indicaciones» primero del presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa y sucesora en el cargo, «se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles».
El magistrado concluyó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación ilícita.
