Córdoba (4/11/19). El jefe comunal de Mendiolaza está acusado de no acatar las disposiciones de las leyes en materia de protección y preservación del medio ambiente.
El juez de Control Penal Económico Gustavo Hidalgo confirmó la elevación a juicio de una causa seguida contra el intendente de la ciudad de Mendiolaza, Daniel Salibi, por un hecho ocurrido durante su desempeño como jefe del ejecutivo municipal, que fue calificado como abuso de autoridad.
El funcionario municipal está acusado de no haber iniciado las actuaciones administrativas correspondientes ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a fin de obtener la correspondiente licencia ambiental que lo autorizara a utilizar un predio alquilado por la comuna como planta de transferencia de residuos verdes y residuos sólidos urbanos.
La resolución señala que el imputado conocía la legislación vigente y las obligaciones que le incumbían y, sin embargo, no hizo lo propio para obtener la habilitación correspondiente.
Según la investigación practicada por la Fiscalía Penal Económico de 1° Nominación, el 2 de enero de 2017 el intendente suscribió un contrato con un vecino de esa ciudad por la locación de un predio destinado a la instalación de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos como así también para el depósito y el tratamiento de la poda y los residuos verdes. En los hechos, este predio ya se venía utilizando para esos fines sin habilitación para tal fin, y sin contar con las instalaciones adecuadas a tal efecto.
Respecto a la actividad desplegada por Salibi en el predio en cuestión, el juez Hidalgo sostuvo, en su resolución, que es susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa.
También dijo que contrariamente a lo que afirmaban sus defensores, se había acreditado que esta actividad venía desarrollándose irregularmente desde varios años atrás, puesto que a enero de 2017 albergaba varias toneladas de residuos de todo tipo.
El magistrado tuvo presente que fue recién a partir del reclamo de los vecinos de Mendiolaza, por la aparición de una plaga de alacranes, que salió a la luz la existencia de un basural en esa ciudad. Y que fue luego del sumario administrativo iniciado por Policía Ambiental que el intendente presentó un plan de acción y remediación del predio que, hasta entonces, era utilizado no solo para restos de poda, sino también como depósito de otro tipo de residuos.
Esto, sin que se hubiera adoptado ninguna medida a fin de prever o minimizar cualquier posible afectación de la calidad de vida de los vecinos, como estaba obligado conforme lo preceptuado por los artículos de Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Córdoba, advirtió el juez.
Por otra parte, en la misma resolución resultó desvinculado de irregularidades en la contratación del predio donde se depositaban dichos residuo.