Córdoba (27/11/19). El dato surge del análisis que realiza la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad para consolidar los ejes de mejora en la labor de la Justicia de Paz, tras su nueva competencia contravencional.
El trabajo comunitario fue la condena más frecuente que impusieron los Juzgado de Paz cuando tuvieron que aplicar el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.
El dato surge del análisis desarrollado por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (OGEC). Según el informe, en 2018, la Justicia de Paz impuso trabajos comunitarios en el 84% de las causas en las que intervino. Concretamente, se aplicaron 1.734 trabajos comunitarios frente a 323 multas.
Las localidades en las que se aplicaron mayor cantidad de penas de trabajo comunitario fueron Unquillo (247), Villa General Belgrano (161), La Granja (150) y Villa del Totoral (146). Estos datos coinciden con los porcentajes registrados en el año 2017 cuando se impuso trabajos comunitarios en el 81% de los casos.
Este tipo de medidas se disponen en consonancia con el objetivo del nuevo Código de Convivencia Ciudadana (sancionado en 2016) que busca “el resguardo de las condiciones que aseguren la convivencia social y el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades consagrados en la Constitución y las leyes”.
Principales contravenciones
Las principales contravenciones registradas por los Juzgados de Paz se vinculan con la seguridad vial, por ejemplo, la prohibición de transitar sin documentación, casco o placa identificatoria en moto vehículos, la conducción de personas menores de edad, la conducción peligrosa o las carreras en la vía pública.
Los departamentos con mayor cantidad de sumarios contravencionales fueron Colón con 1.250 (que incluye las localidades de Unquillo, Río Ceballos y Malvinas Argentinas), Totoral con 656 y Calamuchita con 641.
Perfil del contraventor. El informe de la OGEC también delinea el perfil del presunto contraventor: el 86% fueron hombres; el 59% tenían menos de 30 años de edad; el 43% son solteros; el 48% solo completaron sus estudios primarios, y el 6% de los casos es reincidente.
Desde la OGEC se insistió en que colaboran con la actividad de los Juzgados de Paz distintas dependencias del Poder Judicial de Córdoba: la Oficina de Asistencia y Control de la Justicia de Paz; el Ministerio Público Fiscal, que enlaza su actividad con la tarea de los ayudantes fiscales y la Policía; la Comisión Asesora que atiende las dudas normativas; y la OGEC que analiza el resultado de los relevamientos en el contexto para impulsar buenas prácticas de labor en toda la provincia.
“Desde distintos espacios y funciones se trabaja alineadamente a fin de fortalecer la Justicia de Paz. Buscamos aristas de mejora sobre la base de la evidencia”, indicó Carolina Granja, coordinadora de la OGEC.
Por su parte, el inspector de la Justicia de Paz, Ricardo de Toro, enfatizó: “Esta información es valiosa para la toma de decisiones en los diversos órdenes del Estado, pues permite identificar la situación por departamento e incluso monitorear la realidad de cada uno de los 310 juzgados de paz con los que trabajamos coordinadamente”.
