Córdoba (18/12/19). Por el contrario, la UCR y el resto de los bloques opositores expresaron su negativa a la aprobación del acuerdo rubricado por Schiaretti y Llaryora acerca del traspaso del servicio de agua potable a la órbita de la ciudad.
La Unicameral cordobesa realizó este miércoles su última sesión del período ordinario 2019. La mayoría oficialista ratificó por ley los dos convenios que firmó el gobernador Juan Schiaretti en los últimos días.
Se trata -en el primer caso- del acuerdo de traspaso de la Provincia a la órbita de la Municipalidad de Córdoba del servicio de agua potable que suscribió el lunes el mandatario cordobés con el intendente Martín Llaryora.
El segundo convenio tiene que ver con el nuevo acuerdo fiscal que rubricó ayer el gobernador Schiaretti y sus pares provinciales con el presidente de la Nación Alberto Fernández.
Durante el plenario de este miércoles, el oficialismo ratificó por ley el convenio por el cual la Provincia transfirió la titularidad del servicio público de agua potable a la órbita de la Ciudad.
Con distintos argumentos, las bancadas del arco opositor (Córdoba Cambia, UCR, MST y FIT) expresaron su rechazo a este acuerdo firmado el lunes por Schiaretti y Llaryora en el marco de un acto en el Palacio 6 de Julio. En tanto, las bancadas de Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica se abstuvieron a la hora de votar.
Ante las críticas de la UCR (el legislador Dante Rossi hizo un pormenorizado análisis del convenio) y de Córdoba Cambia (el parlamentario Ambrosio se quejó del tratamiento exprés), la oficialista Nadia Fernández defendió la aprobación por ley de este acuerdo rubricado por ambas gestiones peronistas.
«Los tiempos de las cordobesas y cordobeses no son los mismos tiempos del ámbito legislativo», advirtió Fernández al sostener la necesidad del tratamiento con celeridad de esta iniciativa.
A su vez, la integrante de la bancada de Hacemos Por Córdoba destacó: «Entendemos que es sumamente positivo que el gobernador y el intendente puedan trabajar en equipo, sabiendo que el mandatario se caracteriza por trabajar en equipo con muchos otros intendentes que no tienen la misma camiseta política del gobernador».
Consenso Fiscal 2019
Para que tome vigencia, la Legislatura provincial ratificó por ley el nuevo acuerdo fiscal que rubricó este martes el gobernador Schiaretti y sus pares con el Gobierno de Alberto Fernández.
El acuerdo entre Provincias y la Nación se basa en la suspensión del Pacto Fiscal suscripto en la era Macri. La actual administración central argumentó que esta decisión consensuada busca fortalecer las autonomías provinciales a través de la modificación de los compromisos asumidos entre el Estado nacional y las jurisdicciones.
Según estimaciones, este convenio representaría 60.000 millones de pesos extra en 2020 para el conjunto de las jurisdicciones locales. Para el caso de Córdoba, la provincia mediterránea dejaría de perder unos 4.500 millones de pesos por no bajar ingresos brutos de acuerdo al cronograma originalmente previsto en el Consenso Fiscal.
Con el apoyo del bloque UCR, el oficialismo sancionó la ley que ratifica el convenio 33/19 que firmaron los 22 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño con la Nación en una reunión que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.
«Todos los gobernadores de distintos colores políticos firmaron este pacto», resaltó el legislador Antonio Rins, al fundamentar el respaldo del bloque radical a esta norma, entendiendo que «debe abrirse esta posibilidad concreta para que se reordene administrativa y económicamente la Argentina», acentuó.
Desde la bancada oficialista, el legislador Isaac López defendió la ratificación de este acuerdo por ley en el marco de la rediscusión del Consenso Fiscal que «están haciendo los estados provinciales y el Estado nacional».
Por el contrario, las bancadas de Córdoba Cambia, EVC, FIT, MST y Coalición Cívica manifestaron su rechazo a la aprobación de este convenio que según afirmaron los distintos parlamentarios opositores «no aporta beneficios a los cordobeses».
Por otro lado, el plenario legislativo aprobó la licencia de Walter Saieg, quien fue nombrado Secretario de Transporte de la Nación. En su reemplazo, asumió la legisladora Carolina Basualdo (por el departamento Santa María).
También se sancionó la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en Guasapampa para el emplazamiento del Parque Nacional Traslasierra.
