País (18/12/19). El titular de la cartera de Salud afirmó que “el sistema sanitario se encuentra en riesgo crítico” y sostuvo que la ley de emergencia busca establecer prioridades para evitar el colapso y asegurar las prestaciones médicas esenciales para todos los argentinos.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presentó hoy el proyecto de emergencia sanitaria en la Cámara de Diputados, una iniciativa con la que el Ejecutivo nacional busca evitar el colapso de “un sistema de salud que se encuentra en riesgo crítico”, expresó el funcionario.
“A nadie le gusta declarar una emergencia, pensé que no iba a volver, pero necesitamos que vuelva. Necesitamos que el sistema siga funcionando”, aseguró el titular de la cartera sanitaria ante el plenario de comisiones de la Cámara baja del Congreso y agregó que “en los últimos tiempos el sector público no ha cerrado porque no puede, pero el sector privado sí”.
González García indicó que “más de 100 establecimientos de salud han cerrado en los últimos cuatro meses y esto tiene que ver con una caída muy fuerte en la recaudación que implica la caída de los aportes y contribuciones a los sistemas de obras sociales tanto nacionales como provinciales”.
En esa línea, la emergencia sanitaria propone asegurar las prestaciones médicas esenciales de salud para todos los argentinos que se atienden en los subsectores público, privado y de la seguridad social. “La caída fuerte de ingresos es muy notable en PAMI y se da junto a una estampida de los precios y los costos de salud”, dijo el ministro.
“La esencia del proyecto es establecer prioridades, en segundo lugar darle atribuciones al Ministerio para que establezca esas prioridades, no agregar nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio por 365 días, y obviamente garantizar el acceso a los medicamentos y las vacunas”, señaló González García y destacó que hoy “el 25 por ciento del costo final de una vacuna lo paga el Estado contra el propio Estado, a raíz de los impuestos y ese es otro tema central a resolver para que se cumpla en plenitud de la Ley de vacunas”.
El funcionario explicó también la necesidad de crear el Consejo Consultivo Nacional de Salud, ya que –dijo– “hoy todos somos una suma de debilidades y necesitamos sumar fortalezas para afrontar una situación crítica”.
Emergencia Sanitaria
En el capítulo de la Emergencia Sanitaria, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que fue enviado al Congreso brinda al ministro de Salud de la Nación herramientas para priorizar programas sanitarios claves, instrumentar políticas de salud pública que aseguren el acceso a medicamentos esenciales, a fin de recuperar el terreno perdido en materia de vacunación y atender la epidemia de sarampión y dengue.
En ese marco, el proyecto establece la priorización de los programas sanitarios del Ministerio de Salud para agilizar procesos de gestión y asegurar la disponibilidad de fondos en un contexto de restricción fiscal y falta de recursos; la conformación y convocatoria al Consejo Nacional Consultivo de Salud para alcanzar acuerdos sectoriales que luego se expresen en un Plan Federal que promueva la equidad, el acceso y la calidad del sistema de salud.
También fija el monitoreo de precios de medicamentos para activar eventuales medidas extraordinarias, tales como la importación directa y las licencias compulsivas; la posibilidad de reasignar créditos y fondos hacia prioridades sanitarias, como ya se hizo en la declaración de la emergencia sanitaria en el año 2002, y la eliminación de derechos de importación para vacunas y descartables.
Asimismo, y para garantizar una mayor previsibilidad para las obras sociales, suspende las incorporaciones al Plan Médico Obligatorio por 365 días, como así también las ejecuciones forzadas de créditos de todos los organismos del Estado, la traba de cautelares, planes y facilidades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para prestadores.
En ese sentido, propone la conformación de una comisión para determinar los pagos atrasados del sector y elaborar alternativas, y la incorporación del diferencial de pago de planes superadores y prepagas al Fondo Solidario de Redistribución, en los términos que actualmente lo hacen las obras sociales.
