Córdoba (19/12/19). Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) analizaron el proyecto de ley que declara la triple emergencia (económica, de salud y social) que debate el Congreso de la Nación.
El presidente del Consejo, José Simonella, indicó que Alberto Fernández “está aprovechando el poder político para avanzar en un plan que conforme al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que le permite arreglar la deuda”.
Los economistas Mary Acosta y Víctor Peralta, junto a Simonella, hicieron un repaso de las principales medidas incluidas en la norma y apuntaron que el objetivo buscado por el Gobierno a corto plazo es que la economía deje de caer; los efectos sobre el consumo en primera instancia son escasos.
Cambios en retenciones: afecta la rentabilidad en general y podría determinar que caiga la inversión en el campo. Podría aumentar la sojización. Para el mercado interno debería impactar en los precios por la disminución de lo que percibe el productor. Para el Estado implica una mejora en la recaudación. Hubo un adelanto de operaciones que alcanzaría el 40% de la próxima cosecha.
Bienes Personales: las alícuotas sube al nivel de 2015 y el Ejecutivo está facultado a incrementar hasta 100% los bienes en el extranjero. Es una carga de bajo impacto en la recaudación global.
Suspensión del pacto fiscal: este año no seguirá la baja de Ingresos Brutos y Sellos. Las provincias se comprometen, a cambio, a desistir de las demandas judiciales.
Revisión tarifaria: suspensión de alzas por 180 días; cae el peso del gasto en tarifas sobre los hogares y las empresas. Intervención administrativa del Enre y el Enargas por un año. En 180 días habría un nuevo esquema.
Jubilaciones: suspende la movilidad jubilatoria por 180 días. Las subas en ese período serán por decreto. Su efecto sería un “achatamiento en la pirámide” ya que los beneficios superiores a $19.000 no recibirán incrementos ahora y será arbitrario el que se otorgue en los próximos meses. Es una “medida fiscalista que apunta a cerrar las cuentas públicas”. El gasto social representa alrededor de la mitad del total de las erogaciones del Estado.
Simonella advirtió que se “vuelve a un esquema discrecional; la impresión es que los jubilados que están de la mitad de la pirámide hacia arriba serán los más afectados”.
Un punto a tener en cuenta es que no necesariamente el que cobra la mínima es pobre; es el segmento que ingresó al sistema por moratoria y no son de bajos ingresos.
En cuanto al Cepo cambiario, se mantienen las limitaciones y se extiende el plus del 30% del dólar turista al dólar para atesoramiento. El impuesto es por cinco años. El 70% de lo recaudado va a programas sociales y el 30% a obras e infraestructura social.
Los efectos serían un incentivo al turismo nacional; un aumento de la demanda del dólar blue; reducción del déficit de la balanza de turismo y reduce la fuga de divisas.
Los economistas consideraron que si la brecha entre el dólar oficial y el informal superara el 40% podría empezar a incidir en precios internos. En 2018 la salida de dólares por turismo y compras en el exterior sumaron US$10.000 millones y hasta octubre de este año, US$6000 millones.
“Para el hacedor de políticas la medida le permite mejorar los ingresos tributarios y cuidar los dólares. Mucha gente se verá obligada a desatesorar, a desprenderse de dólares», señaló Simonella.
Sostuvo además que «se suma una ventana más a las que ya se fueron cerrando para comprar dólares; obligan a tener pesos y agrega el incentivo de no pagar el impuesto a la Renta Financiera si se tienen plazos fijos o bonos en pesos. Apunta a que se ahorre en pesos; si las medidas logran credibilidad habrá demanda de pesos”.
Doble indemnización: decreto de emergencia ocupacional. No es aplicable a nuevas contrataciones.
Sobretasa bancaria para empresas que retiran efectivo: busca atacar la economía en negro. No se aplica a personas humanas o jurídicas que revistan condiciones de micro y pequeñas empresas.
Moratoria de MiPymes: período de gracia de seis meses y con plazo a diez años. Condonación de multas y parcialmente de intereses en esquema escalonado. Para aportes patronales moratoria de hasta 60 cuotas y 120 para el resto de las obligaciones. Para el primer año tasa mensual de 3%,
Deuda: en una renegociación “amigable” con los tenedores privados no se pagarían servicios en 2020 y 2021. El deadline es marzo de 2020 para evitar efectos macroeconómicos desequilibrantes.