Madrid/Mundo (21/12/19). La organización expresó su profunda preocupación por el fracaso de las negociaciones para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.
Tras el cierre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) en Madrid, Amnistía Internacional manifestó su «profunda preocupación» ante «los nulos compromisos asumidos por los Estados» para proteger los derechos humanos ante la grave crisis climática mundial.
El cambio climático es un problema de derechos humanos que afecta los derechos a la vida, la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, entre otros, se advirtió desde la organización internacional.
“Esta tragedia global impacta de manera desproporcionada en las personas y comunidades más vulnerables. Para millones de personas en todo el mundo, la formulación y, sobre todo, la aplicación de planes climáticos sólidos simplemente significa una diferencia entre la vida y la muerte”, destacó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
La comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y jóvenes de todo el mundo vienen exigiendo a los Estados y a las corporaciones una rápida acción climática para evitar impactos aún más catastróficos de los que estamos viendo ahora.
Sin embargo, las consideraciones de derechos humanos siguen desempeñando un papel marginal en las negociaciones sobre el clima. Los resultados de las negociaciones de la COP25 en Madrid son una prueba de ello.
Tras un año de huelgas escolares y de movilización masiva en muchos países del mundo, se esperaba que los Estados actuaran de acuerdo con la urgencia demostrada por los científicos y sentida cada vez más por la gente.
Si bien la COP25 reconoció la urgencia de mejorar la acción climática, no estableció una obligación clara para los Estados de presentar planes climáticos nacionales ambiciosos en 2020 capaces de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5°C.
Esto demuestra un total desprecio por los derechos humanos de las personas que se verán más afectadas por el aumento de los impactos climáticos.
Los países ricos son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y durante años se han beneficiado de ellas, mientras que la población de los países más pobres está sufriendo la mayor parte de los daños causados por la crisis climática.
En Madrid, los Estados tuvieron la oportunidad de reconocer este desequilibrio histórico y aceptar su deber de pagar por la devastación ya provocada por los impactos climáticos. En cambio, se opusieron a destinar recursos adicionales para apoyar a las personas afectadas, dándole la espalda a millones de personas que han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia o el acceso a los servicios públicos.
Los Estados no llegaron a un acuerdo sobre el «mercado de carbono», es decir sobre mecanismos para limitar que los países puedan comerciar con las reducciones de emisiones de ese elemento químico.
Preocupa a Amnistía Internacional que los Estados no hayan incluido una referencia explícita a las salvaguardias de derechos humanos en las normas del comercio de derechos de emisión de carbono.
“Los Estados han demostrado en la COP25 un escaso compromiso con la grave crisis climática y sus consecuencias devastadoras sobre los derechos humanos de millones de personas. Tenemos que movilizarnos como nunca antes y exigir una acción climática ambiciosa y respetuosa de los derechos humanos que logre una transición justa”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.