País (30/12/19). Es en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo nacional dispuestas hasta el 29 de febrero.
La Cámara de Diputados de la Nación buscará sesionar el 22 de enero para convertir en ley el Consenso Fiscal 2019 rubricado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que ya fue aprobado por la Cámara alta del Congreso.
Cabe mencionar que el Parlamento nacional se encuentra en período de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero que dispuso el nuevo titular Ejecutivo nacional apenas asumió su mandato.
El presidente acordó el 17 de diciembre con gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño suspender el Pacto Fiscal rubricado en la era Macri hasta diciembre de 2020. Se hizo mediante una adenda.
Con este acuerdo entre Nación y Provincias se suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos provinciales.
Fuentes parlamentarias no descartan que además en esa sesión se debatan los dos proyectos que el Ejecutivo nacional debe enviar al Congreso en los próximos días para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.
Con el decreto 56/2019 publicado el sábado 21 de diciembre en el Boletín Oficial, el presidente Fernández amplió el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero e incluyó en el temario a tratar dos proyecto de ley para que se termine con las «jubilaciones de privilegio».
La iniciativa que modifica la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Como así también los cambios a la ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación.
La administración albertista decidió encarar el tema de las «jubilaciones de privilegio» tras la polémica que se desató durante el debate de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluyó la eliminación de la movilidad de las jubilaciones, pero quedaron exceptuadas la de ex presidentes, funcionarios, jueces y fiscales.