Ciudad de Córdoba (12/2/20). La presión que ejerce el estado en todos sus niveles de gobierno sobre el bolsillo de los cordobeses claramente ha tocado su umbral.
Distintas manifestaciones ciudadanas lo están demostrando con convocatorias a “rebeldía fiscal” y fuertes repudios en los medios y redes sociales contra lo que los cordobeses han acuñado en el cuerpo teórico de las finanzas públicas como “impuestazo”.
Los vecinos de Córdoba sufren las tarifas más altas del país en energía eléctrica, agua potable y transporte público urbano de pasajeros, a lo que se debe sumar el fuerte incremento tributario en dos impuestos que impactan de lleno en la economía familiar: Impuesto Inmobiliario Provincial y la Contribución que incide sobre Inmuebles (municipal).
En el caso del municipio capitalino, la respuesta que se escuchó de los funcionarios fue que “Córdoba está fundida”, como hecho revelador que todo lo justifica.
«Los ciudadanos necesitan algo más que una chicana política para responder a los reclamos, pretenden legítimamente que los funcionarios administren de la manera más eficiente los escasos recursos que existen frente a las múltiples necesidades que demanda la sociedad».
Así salió al cruce el concejal Juan Pablo Quinteros (EVC), quien advirtió que «lo que diferencia una gestión eficiente de una ineficiente es la capacidad de cumplir los objetivos con los recursos que dispone».
«Resulta muy sencillo gestionar sin importar los gastos y que esta ineficiencia sea trasladada directamente a usuarios y contribuyentes», se quejó el edil vecinalista y acentuó: «Entendemos que los servicios públicos básicos y los impuestos mencionados han adquirido una relevancia en la economía familiar como nunca antes había sucedido».
Según el relevamiento efectuado por Quinteros, se estima que el 50% de las familias de la ciudad de Córdoba (que se encuentran entre los deciles de ingreso 1 al 5 inclusive), destinaron en diciembre de 2019 un 48,1% de su ingreso al pago de los servicios e impuestos mencionados.
«Debemos señalar que tal ratio no incluye las subas tarifarias ni impositivas dispuestas para el año 2020 tanto por el gobierno provincial como municipal, situación que eleva el porcentaje calculado a valores que difícilmente puedan ser afrontados por la gran mayoría de esos hogares de Córdoba», aclaró el opositor.
Quinteros cuestionó que esta realidad de la pesada carga de los aumentos de los impuestos y servicios «parece no haber sido advertida por los funcionarios que toman decisiones como si vivieran en una dimensión paralela, totalmente ajena a la de los vecinos de Córdoba».
«Quedó dicho que en 2020 la incidencia será aún mayor a la reflejada y surge el interrogante de la conducta tributaria que adoptarán los hogares que se encuentran en esta situación», apuntó el vecinalista.
Por último, el concejal enfatizó que si los funcionarios municipales sostienen que «Córdoba está fundida», deberían observar «cómo creen que están sus vecinos».
«¿Hasta dónde creen que pueden aguantar sin recibir contraprestación que justifique, al menos en alguna medida, semejante carga en los impuestos y las tarifas de los servicios públicos esenciales?», lanzó el opositor al apuntar contra la gestión peronista en el municipio y la provincia.
