País (15/2/20). El Gobierno pretende que la iniciativa sea debatida en el período actual de sesiones extraordinarias.
El Gobierno de Alberto fernández envió este viernes al Congreso el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y y miembros del cuerpo diplomático.
La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años y el cálculo de los haberes como promedio de los aportes de los últimos 10 años; además de aumentar un siete por ciento el aporte de activos del Servicio Exterior, entre otras cuestiones, consignó Télam.
El proyecto propone también que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
La meta del oficialismo es debatir el proyecto la semana próxima o, a más tardar, después de los feriados de carnaval para obtener la media sanción en el período de sesiones extraordinarias.
El tema de las jubilaciones de privilegio generó polémica durante el debate de la Ley Ómnibus de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre.
En ese marco, la oposición, e incluso algunos oficialistas, se quejaron porque jueces y diplomáticos quedaban al margen de la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad previsional, que alcanzaba a la mayoría de los beneficiarios del sistema.
En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno sostuvo que en el marco de la emergencia pública en materia previsional «se ha propuesto fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo».
«El proyecto es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan», argumentó la administración central en el escrito.
