País (16/2/20). Con argumentos diferentes por las medidas anunciadas por el Gobierno de Alberto Fernández, tanto el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, como el constitucionalista Daniel Sabsay se manifestaron en contra.
Recondo y Sabsay criticaron hoy los cambios en el sistema jubilatorio impulsados por el gobierno y los tildaron de «inconstitucionales».
El vicepresidente del Consejo de la Magistratura se pronunció acerca del proyecto que el oficialismo envió al Congreso para modificar las llamadas jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y del Servicio Exterior.
Para Recondo «es anticonstitucional» y consideró que está «muy poco estudiado». El magistrado expresó que así «lo ha declarado la Corte Suprema muchas veces» y advirtió que «la garantía de intangibilidad del sueldo de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio».
«No pretendemos tener la función más importante del país», pero «este es un sistema constitucional», señaló. «Les llaman privilegios pero son protecciones para conseguir que los jueces sean independientes», afirmó el juez en declaraciones a radio Mitre.
«Espero no se concrete en ley, porque va a generar un vaciamiento del Poder Judicial. Ya hay 300 vacantes, va a haber 300 más», advirtió Recondo al señalar que hay en total «900 jueces».
El magistrado resaltó que «no es una ley de privilegios» porque los jueces necesitan «30 años de aportes, 20 en el Poder Judicial, 5 al menos en el cargo al que pretendemos jubilarnos», sumado a que «no hay un monto tope» sobre el cual se le aplican los descuentos.
Aumento a jubilados
Por su parte, Sabsay manifestó que el nuevo esquema anunciado por el Gobierno «afecta una cantidad de principios» tales como el de «progresividad» de los haberes, y consideró que es «claramente inconstitucional».
En cuanto al aumento anunciado por el Gobierno albertista previsto desde marzo para los haberes jubilatorios, el constitucionalista acentuó: «Es claramente inconstitucional, y afecta una cantidad de principios».
«El primero es el derecho internacional de los derechos humanos, al que Argentina le dio jerarquía constitucional, que es el principio de progresividad y de no regresividad», explicó.
«Todo beneficio en materia de un derecho social», como el previsional, «se incorpora al patrimonio de una persona» y «ese piso no puede ser perforado para abajo a través de nuevas disposiciones», señaló.
Sabsay remarcó que «salvo los que cobran la mínima, a todos los demás se les está violando aquel principio: se les está aplicando algo que es menos que lo que tenían con la fórmula anterior, que les hubiera implicado un haber mayor».
Para el abogado, también «se viola el principio de legalidad» porque «se modifica el estatus de derechos sociales a través de un decreto y no de una ley», y el de igualdad porque «es una situación absolutamente lesiva para los que ganan más de la mínima», afirmó.
