País (19/2/20). La iniciativa de modificación del régimen jubilatorio despertó críticas y apoyos entre funcionarios y asociaciones del sector.
El proyecto para la modificación del régimen jubilatorio para jueces, fiscales y personal diplomático que impulsa el Poder Ejecutivo que ya ingresó en Diputados despertó críticas y apoyos entre funcionarios y asociaciones que integran esos sectores.
Mientras algunos reconocen la necesidad de una reforma de ese régimen previsional llamado «de privilegio», otros cuestionan la «incertidumbre» respecto a su alcance en los haberes.
La exjueza María Laura Garrigós, integrante de la agrupación Justicia Legítima, admitió en ese sentido que deben «hacerse modificaciones a este sistema previsional» denominado como de «privilegio» porque «no logra autofinanciarse».
No obstante, Garrigós le dijo a Télam que los magistrados tienen «dudas» sobre el porcentaje de movilidad que van a obtener las jubilaciones futuras y alertó que «tampoco está claro» si los nuevos aportes solucionarán el «déficit del Anses».
Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado advirtió que hay «malestar en el Poder Judicial» por el proyecto del Poder Ejecutivo aunque, a título personal, se mostró de acuerdo con que se debata el tema, y analizó que, en definitiva, se trata «de construir una sociedad más equitativa».
En declaraciones a radio FutuRöck, el fiscal recomendó alejarse «un poco de la discusión legal, de si se puede o no se puede, y recordó que lo que se discute en realidad «es otra cosa, es construir una sociedad un poco más equitativa».
La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) difundió ayer una carta abierta dirigida al canciller Felipe Solá en la que reiteró su pedido de entrevista para poder transmitirle su posición sobre el proyecto de ley que se debatirá próximamente en el Congreso de la Nación.
El sindicato que agrupa a los diplomáticos alertó que el proyecto de ley del Ejecutivo para modificar las jubilaciones de privilegio «afecta sustancialmente al régimen específico» del Servicio Exterior de la Nación y a «sus potenciales beneficiarios» y aclaró que «no son privilegiados, sino trabajadores sometidos a condiciones laborales atípicas».
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) también se pronunciaron sobre el proyecto que ingresó en Diputados.
En su planteo, las asociaciones criticaron la iniciativa al estimar que «se aparta de una raíz constitucional».
El titular del Sindicato de empleados judiciales (UEJN), Julio Piumato, se declaró en «estado de alerta y movilización en todo el país» y llamó «a las asociaciones de magistrados a expedirse sobre esta cuestión» a través de un comunicado del gremio.
Proyecto
El iniciativa establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años y el cálculo de los haberes como promedio de los aportes de los últimos 10 años; además de aumentar un siete por ciento el aporte de activos del Servicio Exterior, entre otras cuestiones.
El proyecto propone también que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
La meta del oficialismo es debatir la iniciativa en los próximos días para obtener la media sanción en el período de sesiones extraordinarias.
