El vecinalismo de García Elorrio expresó su «repudio» al proyecto del Gobierno por la legalización del aborto

Córdoba (2/3/20). Desde la fuerza política cordobesa rechazaron la iniciativa que legaliza el aborto que enviará en los próximos días el Gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación.

Tras el anuncio de ayer del titular del Ejecutivo nacional ante la Asamblea Legislativa, que terminó de confirmar que el Gobierno impulsará una iniciativa en este sentido, el partido Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) expresó su «total repudio».

La agrupación política, que está representada por Aurelio García Elorrio y María Rosa Marcone en la Unicameral, afirmó que «el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos no puede ni debe quedar a merced del deseo de quién está en una situación de poder».

«Negar el derecho a la vida del niño por nacer, discriminando a los seres humanos según el deseo o no de los responsables de su desarrollo y cuidado es dejar al arbitrio de los poderosos la vida y la honra de miles de argentinos», destacó.

En rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno albertista, EVC advirtió que «pretender imponer el aborto como solución frente a un embarazo inesperado profundiza la grieta entre argentinos sin remediar los reales problemas de las mujeres».

«Nadie puede disponer de la vida de un ser humano inocente. Si el Congreso otorga semejante facultades se produce un inmenso e inconmensurable abuso de poder cuya sanción está prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional y tales actos son insanablemente nulos», aseveró el partido vecinal.

Por último, EVC remarcó que el proyecto de ILE que enviará la administración albertista al Parlamento «contradice, y además desconoce, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos que tienen rango constitucional».

Además, la fuerza política encabeza por García Elorrio aseveró que «atropella» la Constitución Provincial de Córdoba que en su articulado afirma que «‘la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos'».

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