País (5/3/20). El mandatario procedió así a materializar el anuncio que hiciera el domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Quedaron a resguardo la identidad de espías y archivos extranjeros.
El presidente Alberto Fernández desclasificó este jueves la información y documentación relacionada con el atentado a la AMIA que está en manos del Gobierno, salvo la identidad de los agentes de inteligencia locales y extranjeros y los archivos aportados por otros países.
La medida fue adoptada a través del decreto 213/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial y en el que se advierte que «persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares» de la voladura de la sede de la mutual judía.
De esta manera, el titular del Ejecutivo nacional materializó la decisión que había anunciado en su discurso ante la Asamblea Legislativa durante la apertura de sesiones ordinarias.
El decreto establece que se le otorgará carácter público «a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
En el texto del decreto presidencial también estipula la conformación de una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros JEFATURA, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos.
El Ejecutivo argumentó que «a fin de buscar una solución definitiva en lo relativo a la reunión y tratamiento de la información, deviene pertinente la creación de una mesa de diálogo, en la que confluyan los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no existan demoras ni problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información».
