País (10/3/20). Lo refinanciado se trata de una parte de la deuda pública del país que no incluye el contraído con el FMI. La medida fue plasmada en un decreto que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
El gobierno nacional validó en 68.842.528.826 de dólares el valor de la deuda pública a negociar con los acreedores, para su reestructuración, a través del decreto 250/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial.
En el decreto se indica que esa cifra representa el monto nominal máximo de las operaciones de administración de pasivos, canjes y reestructuraciones de los títulos públicos de la Argentina emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020.
También se determinó que las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres y Tokio.
El Gobierno puntualizó que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”, contempladas en el decreto.
Asimismo, remarcó que esto “no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de los bienes” que se encuentren en el exterior.
En el decreto también se destacó que «a efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública».
En otro pasaje de los fundamentos de la resolución, la administración albertista expresó que «atendiendo a la situación actual de insostenibilidad de la deuda pública, resulta necesario determinar un universo de montos nominales tal que se preserven márgenes de acción en el diseño de las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos públicos de la Argentina que el Ministerio de Economía decida implementar».
