País (12/3/20). El oficialismo avanzó en la sanción del proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández. La oposición de Juntos por el Cambio votó en contra de la iniciativa la advertir que ven «arbitraria» esta norma.
Con 41 votos a favor de los senadores del Frente de Todos, la Cámara alta del Congreso aprobó el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces, funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, y del cuerpo diplomático.
El interbloque de Juntos por el Cambio ratificó su rechazo a esta ley que consideraron «arbitraria». «Esta ley tiene el sello de impunidad y revancha. Es cambiar para que nada cambie», afirmó el senador por Formosa, Luis Naidenoff.
El titular de la principal bancada opositora sostuvo que «nosotros podemos compartir esta idea de avanzar con terminar en serio con los regímenes especiales y la situación de privilegio en Argentina pero ha existido un punto de inflexión en el Plenario de Comisiones quedó en evidencia que aquí no se modifica ningún tipo de régimen especial, no se tocan privilegios, no se modifica el 82% móvil y lo definieron como un proyecto de mesura».
«Con este proyecto, únicamente están abarcando el 7% del régimen total de las jubilaciones especiales que siguen siendo insustentables», advirtió el senador radical.
En defensa de la iniciativa y al apuntar su crítica contra la gestión anterior, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans manifestó que «nunca el sistema previsional argentino dio déficit entre 2008 y 2015. En cambio en el periodo que Cambiemos fue gobierno hizo caer todo el sistema empresario e industrial argentino con las importaciones, por eso cayó el empleo y el sistema previsional se resintió».
«Vamos a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo porque no tenemos ninguna dualidad y tenemos la intención de que el Presidente tenga un buen mandato para eso debemos superar esta crisis y respetar la Constitución», destacó el senador peronista.
Al inicio del debate, el senador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) como miembro informante puntualizó que lo que se estaba tratando «no es una iniciativa aislada», sino que forma parte de un paquete de decisiones llevadas adelante por el gobierno nacional.
Lovera aseguró que la iniciativa «forma parte de diversas medidas» adoptadas por la administración nacional dirigidas a «reconstruir el sistema económico de Argentina» teniendo en cuenta que «el gobierno hizo de la solidaridad un concepto político transversal» en lo que va de su gestión.
«Hay una gigantesca asimetría entre el régimen general de jubilación y los especiales» enfatizó Lovera, antes de advertir que «paso de ser de un sistema solidario a un sistema tremenda injusto» y que ahora con esta ley se busca «tratar de tener algo de equidad y justicia, en un régimen de jubilaciones que están entre las más altas del país, y por la gran disparidad que existe actualmente en la materia».
Por su parte, el senador por CABA, Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) en calidad de miembro informante por el dictamen de minoría consideró que «el sistema no es equitativo ni sostenible» ya que «con esta ley van a cobrar el 93% móvil del promedio de los últimos 120 meses y el 75% de los jueces tiene más de 10 años en el cargo».
Qué dice la ley
La iniciativa del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
El texto de la norma también fija que podrán acceder a esta jubilación especial magistrados y fiscales, prosecretarios administrativos y jefes de despachos, y los miembros del servicio exterior.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
