País (1/4/20). La decisión fue oficializada vía un decreto que se publicó en el Suplemento de la Primera Sección del Boletín Oficial de este martes. Contempla los casos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo.
Tras la dura crítica hecha pública por parte del Presidente Alberto Fernández a los empresarios que decidieron despedir trabajadores, que apuntó de lleno a Paolo Rocca por el caso Techint, el Gobierno prohibió los despidos y suspensiones por dos meses.
La medida fue oficializada a través del decreto 329/2020 publicado este martes en el Suplemento de la Primera Sección del Boletín Oficial.
El decreto establece -en su artículo 2- la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.
Asimismo, en el artículo 3, dispone la prohibición de las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el mismo plazo que en el caso anterior.
«Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2 y primer párrafo del artículo 3 del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales», se advierte en el artículo 4 de la resolución rubricada por el Presidente Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete nacional.
Ante la posibilidad latente de una lluvia de despidos masivos producto del parate prolongado hasta el 12 de abril, debido al aislamiento social y obligatorio, la administración central determinó la prohibición de despidos y suspensiones.
“En esta instancia corresponde tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en este contexto de emergencia”, se expresa en los fundamentos del decreto.
A su vez, se indica que “esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población”.
En otro párrafo de los argumentos, el Gobierno manifesta que «resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales, que no serán más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar».
