Córdoba/País (12/4/20). El dato surge de la encuesta nacional a inquilinos en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto por el Ejecutivo nacional por la pandemia de coronavirus. Desde este sector se demandó que el Congreso de la Nación vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a los 700 mil inquilinos e inquilinas de Córdoba teniendo en cuenta el nuevo escenario de crisis.
En Córdoba, el 42,5% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril debido a la crisis. Discriminados por grupos de edad, se observa que esto afecta de manera más profunda a los más jóvenes, donde el 47% de los inquilinos de entre 18 y 25 años manifiestan esta limitación.
La Federación de Inquilinos Nacional, con la participación de Inquilinos Córdoba como miembro integrante, realizó una encuesta nacional para determinar el impacto de la pandemia por COVID-19 y la paralización de las actividades productivas a nivel nacional en la realidad de los inquilinos.
El relevamiento indagó sobre la posibilidad de afrontar el pago del alquiler de abril en viviendas residenciales y el cumplimiento del DNU 320/20 (regula los alquileres) durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En este tiempo, el 58,2% de los inquilinos de Córdoba vio reducidos sus ingresos como ocurre a nivel país con valores similares. Nuevamente el grupo más afectado corresponde a los más jóvenes (18 – 25 años) con 71,4% y luego con casi el 60% se encuentran de los adultos jóvenes (36 – 50 años).
De este 71,4% de jóvenes que vio mermado sus ingresos, 47% ya no pudo pagar el alquiler de abril. Surge el interrogante de qué ocurrirá en los meses venideros.
La Federación de Inquilinos Nacional advirtió que estos datos concretos reflejan la crisis habitacional que se manifiesta al momento de solicitar las medidas que expresa el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320/20) que regula los alquileres hasta fines de setiembre de este año. «La misma reflexión cabe para los inquilinos pertenecientes a los restantes grupos etarios», expresó.
La encuesta revela además el incumplimiento por parte de corredores, inmobiliarias y/o propietarios de lo establecido en el DNU 320/20 que obliga a poner a disposición de los inquilinos el CBU de una cuenta bancaria para el pago electrónico del canon locativo; con el objeto de mantener la cuarentena y evitar la circulación y la propagación del virus.
El 42,5% de los inquilinos de Córdoba no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, y si bien hay un 47% que tuvo acceso al CBU, al 10% se les exigió abonar cargos extra por el trámite electrónico, otro aspecto ilegal revelado por la encuesta
Por último y como un dato revelador de la crisis por la que atraviesan los inquilinos cordobeses y en línea con los datos globales a nivel país, el 32,8% de los consultados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Desde la Asociación Inquilinos Córdoba exigieron «el efectivo control al cumplimiento del DNU 320/20 en cuanto al congelamiento de los alquileres a valores de marzo, se suspendan los desalojos y se brinde sin costo para los inquilinos los datos para realizar el pago, si es que está en condiciones de hacerlo, vía transferencia bancaria».
Ante la posibilidad concreta de un sobreendeudamiento por parte de los inquilinos e inquilinas cuando finalice el decreto de alquileres, la asociación que los agrupa consideró «imprescindible» que una vez que se active el Congreso de la Nación «se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a los 700 mil inquilinos e inquilinas de Córdoba, parte de un colectivo de ocho millones en todo el país y que también se ajuste a las nuevas condiciones y realidad económica«.
A nivel nacional
Entre los datos más impactantes, sobresale que el 41,9% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4% percibe menos ingresos comparado con marzo.
La encuesta además revela que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por decreto, y que tenía como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus y el 34,1% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.
Desde la Federación reclamaron sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos «en negro».
