Ciudad de Córdoba (23/4/20). La iniciativa se basa en los incidentes en los que personal del ámbito de la sanidad son objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Los concejales Juan Pablo Quinteros (EVC) y Nicolás Piloni (HPC) impulsan un proyecto de ordenanza por el cual se crea en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, la “Mesa Receptora de Denuncias” por hostigamientos, violencia física o psíquica y/o cualquier hecho discriminatorio o incidente efectuado en cualquier ámbito público o privado al personal que se desempeña en centros de salud públicos o privados de la Capital cordobesa.
Los autores de la iniciativa, sostienen que la mesa receptora de denuncias tendrá por objeto brindar asistencia y asesoramiento al personal de salud que hubiere sufrido los hechos que se denuncien y arbitrará las acciones a los fines de hacerlos cesar e instar ante la autoridad correspondiente el procedimiento sancionatorio pertinente.
A tal fin, la propuesta del opositor y el oficialista establece que se habilitarán medios digitales y telefónicos para la recepción de las denuncias.
«Los episodios de violencia y ataques contra quienes trabajan en el ámbito de la salud son inaceptables. Hoy, este proyecto de ordenanza es una respuesta importante y esperamos que sea acompañado de acciones en otros ámbitos del Estado para brindarle contención y tranquilidad a un sector de la sociedad, el de la sanidad, que son actores principales en esta pandemia», argumentaron los ediles.
En este sentido, remarcaron que «la unidad de acción es el camino correcto en la difícil y penosa situación que atravesamos”.
En los últimos días, en distintos medios de comunicación nacional y local se conocieron incidentes en los que personal del ámbito de la sanidad son objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo.
Los autores del proyecto, advirtieron que «estos lamentables hechos de violencia e intolerancia» contra quienes se encuentran día a día arriesgando su propia salud en cumplimiento de su trabajo, «no pueden ser receptores de indiferencia por parte del Estado».
«Desde el Estado se deben efectuar todas las acciones pertinentes a los fines de hacer cesar y sancionar todo acto de intolerancia o discriminación, como así también concientizar a toda la ciudadanía respecto a la tolerancia y respeto sobre quienes están dando día a día su vida en miras del bien común y la salud pública», consideraron.
