Córdoba (30/4/20). Al mantener firme su posición histórica, el gremio rechazó «enérgica y contundentemente» cualquier tipo de ajuste salarial y jubilatorio.
«Hace un tiempo advertíamos el quiebre económico de la Provincia que no es producto de la pandemia en el mundo ni tampoco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en toda nuestra querida Patria».
Así se pronunció el gremio de Luz y Fuerza al rechazar el «ajuste» al que apela el Gobierno provincial fijando un nuevo tope de la jubilación máxima (artículo 53 de la ley jubilatoria) de $ 201.000 a $ 110.789 y a partir de allí aplicar una reducción de hasta el 10% en los haberes, por el término de cuatro meses.
Ante esta medida del Ejecutivo cordobés, el gremio conducido por Gabriel Suárez afirmó que resulta «evidente que la Provincia tiene serios inconvenientes económico-financieros que no los oculta cuando habla abiertamente de la posibilidad de la emisión de bonos para palear el quebranto financiero del que no tienen responsabilidad los jubilados ni los pensionados, ni todos los aportantes a la Caja de Jubilaciones·.
En ese sentido, Luz y Fuerza advirtió que la causa «es producto del desacople económico, ni más ni menos que la quiebra económica-financiera de la Provincia». «Por eso con este recorte en las jubilaciones, se pretende obtener aproximadamente 95 millones de pesos por mes para el pago de deudas contraídas irresponsablemente en dólares», cuestionó el gremio en un comunicado.
Al enrrostrarle al Gobierno su falta de «sensibilidad política» para con el sector de la tercera edad que requieren «una mayor necesidad de atención permanente y personalizada» al ser grupo de riesgo ante el COVID-19, el gremio que nuclea a los trabajadores lucifuercistas resaltó que «esta medida arbitraria se suma al impacto desfavorable causado por el mal llamado impuesto a las Ganancias y a la reducción de los haberes producida por la inconstitucional ley 10.333».
Al reafirmar su rechazo, Luz y Fuerza aseguró que no aceptarán ser nuevamente «la variable de ajuste» y demandó que «aporten los sectores del poder económico concentrado», al referirse al proyecto que crea un impuesto a los grandes capitales que es impulsado por el núcleo duro del kirchnerismo y que ya cuenta con el visto bueno de Alberto Fernández.
Por último, el gremio adelantó que está haciendo «las consultas legales necesarias para realizar los planteamientos que correspondan» en resguardo de los compañeros jubilados y pensionados.