Ciudad de Córdoba (7/5/20). Tras firmar el decreto que prorroga por tres meses la quita salarial del 30% de los sueldos del intendente y vice y su Gabinete, el titular del Palacio 6 de Julio envió el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que recorta en una hora la jornada laboral de los municipales, como «medidas de reestructuración» para achicar el gasto.
El intendente Martín Llaryora rubricó hoy el decreto que prorroga por tres meses la quita salarial del 30% a los funcionarios políticos de la gestión municipal.
Esto incide en el salario bruto del intendente, viceintendente, secretarios del Gabinete Municipal y organismos de directa dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
Tras adoptar esta medida, Llaryora giró -pasado el mediodía- al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que se sustentan en tres puntos claves, como la reducción salarial al resto de funcionarios político; el recorte de una hora de la jornada laboral de los empleados municipales y la inembargabilidad de los fondos públicos.
Desde el Ejecutivo municipal se destacó que estas «medidas de reestructuración» tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los recursos municipales.
«En el marco de la situación actual de emergencia económica y sanitaria, con la consecuente profundización de la situación de crisis a nivel global, se torna imprescindible tomar determinadas medidas de restructuración, con el menor impacto posible para la administración municipal», argumentó el DEM en los fundamentos del proyecto enviado al cuerpo deliberativo.
La iniciativa de Llaryora, que ahora abre una intensa negociación entre el oficialismo y las bancadas opositoras que rechazan el tratamiento exprés de antemano, establece «extender la reducción salarial de la plana mayor de la administración municipal al resto de funcionarios políticos (subsecretario, director general, director y subdirector) en la misma proporción que resulten del ajuste salarial por la modificación de la jornada laboral».
Desde la gestión municipal se aclaró que «quedan exceptuados de esta medida los trabajadores de Salud y Educación».
Ante este punto del proyecto, le resultará difícil a la oposición oponerse a dicho planteo ya que todos coinciden en la reducción del gasto político para aliviar las arcas municipales en un contexto recesivo e inflacionario que se agravó con los efectos de la pandemia de COVID-19 y el parate económico debido al aislamiento obligatorio.
El otro eje central de la iniciativa del intendente peronista que ya activó las alarmas en el SUOEM establece la jornada laboral de seis horas por día para el personal municipal, «lo que importará la consecuente reducción proporcional del salario», se indicó.
El proyecto del DEM modifica la ordenanza 7.974 que fija ahora como jornada laboral para el personal municipal en seis horas diarias lo que equivale a 30 horas semanales. Obviamente, esto se verá reflejado en un ajuste salarial.
«La reducción del horario importará una consecuente reducción proporcional del salario básico del cargo y de los adicionales que se calculen sobre dicha asignación», dispone el articulado modificado que deberá ser aprobado por ordenanza.
En el marco de la emergencia económica, financiera, administrativa y social del Municipio, la iniciativa de la gestión Llaryora incorpora la adhesión de la Municipalidad de Córdoba a la Ley Nacional N° 25.973 (Régimen de inembargabilidad), en todos sus términos y disposiciones.
Esto implica que los fondos públicos afectados a la ejecución presupuestaria «son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos».
«Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal actuante la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ordenanza», se advierte en el articulado a modificar, que se completa con la facultad a los representantes del municipio a solicitar la restitución de recursos que hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales por litigios.
En el caso de una condena contra la Municipalidad, y no se disponga del crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Ejecutivo Municipal provisionará su inclusión en los ejercicios siguientes.
