País (18/5/20). Es a partir de un informe elaborado por el BCRA a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos datos fueron dados a conocer el jueves último.
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli destacó hoy la importancia de que la Justicia investigue «a los responsables de la fuga de capitales» durante la gestión de Cambiemos, que, según un informe del Banco Central de la República Argentina, entre entre 2015 y 2019 superó los 86.000 millones de dólares.
El kirchnerista paladar negro puso el acento en la importancia de que la Justicia determine «si hubo complicidad de funcionarios» en estas maniobras, luego de que el Banco Central, con la información contenido en su informe, «confirmara la presunción de gran parte de los argentinos».
De esta forma, el senador por Neuquén hizo referencia a un informe elaborado por el BCRA a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos datos fueron dados a conocer el jueves último.
Allí, se da cuenta de que la fuga de capitales entre 2015 y 2019 superó los 86.000 millones de dólares y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período.
«Lo que hizo el Banco Central fue confirmar una presunción de gran parte de los argentinos, y ahora hay que investigar a los responsables de esta fuga de capitales», aseguró Parrilli en declaraciones formuladas a El Destape Radio.
Para el legislador K, esa fuga de divisas contó «con el protagonismo de los funcionarios del macrismo» y aseguró que «participaron fondos de inversión extranjeros y muchos agentes locales».
Con ese argumento, planteó la necesidad de «avanzar para saber si hubo complicidad de las autoridades que ocupaban el Banco Central y la Unidad de Información Financiera».
De hecho, insistió en que la Justicia ahora debe determinar «si hubo ilícitos, si hubo complicidad de los funcionarios con los fondos de inversión».
En sus declaraciones, Parrilli cargó contra las empresas que se acogieron al programa de ATP y que fugaron dinero al exterior. El senador opinó que «el Estado no puede subsidiar ahora, ante la pandemia, a empresas que hayan participado en estas maniobras de fuga de capitales».
