Córdoba/País (10/6/20). La entidad empresaria advirtió que la medida anunciada por el Gobierno del Frente de Todos en el día de ayer, «constituye un nuevo acto de avasallamiento a las instituciones de la República».
La Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) se pronunció esta tarde en contra de la iniciativa del Ejecutivo nacional de expropiar o estatizar la empresa Vicentin.
Al sostener que no convalida esta medida del Gobierno albertista, la entidad destacó que «constituye un nuevo acto de avasallamiento a las instituciones de la República».
«Las dificultades circunstanciales por las que podría estar atravesando esta empresa, no son sustento suficiente para justificar la intervención de la propiedad privada, ni el menoscabo a la división de poderes que sentencia nuestra Constitución nacional», afirmó la BCC.
En un documento difundido en la tarde de este martes, este núcleo empresario cordobés sostuvo que «la empresa Vicentin solicitó la formación de su concurso preventivo, en cumplimento de la obligación legal existente para lograr evitar la quiebra».
«A pesar de ello, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la sociedad, antes incluso de dejar que el deudor, ejerza su derecho en el periodo de exclusividad de hacer propuestas y obtener las mayorías necesarias para lograr el ansiado y merecido acuerdo con sus acreedores», acentuó.
En este sentido, la entidad empresaria afirmó que la subsidiaridad del Estado, «solo debe estar donde el sector privado no lo hace» y resaltó que «el gran desafío que requiere el momento actual, una vez superada la cuarentena sanitaria, será estimular el desarrollo de las empresas privadas con menor presión fiscal, y menor dimensión del tamaño del Estado en su conjunto».
«Esta decisión va a contramano de ello, representando, por el contrario, un contrapeso negativo para el presupuesto público», aseveró la Bolsa de Comercio.
Al tiempo que advirtió que este tipo de iniciativas, «no son además comparables con otras llevadas adelante en el ámbito internacional, como es el caso de Estados Unidos en la crisis financiera del año 2008».
La BCC aseguró que «los prestamos que se realizaron a varias de las grandes compañías norteamericanas que se encontraban en una situación de falencia por circunstancias externas e impredecibles, y por lo tanto no atribuibles a su conducción empresaria, fueron transitorios y reembolsables al Estado».
«En ningún momento se pensó en estatizarlas, conscientes de las limitaciones del Estado para administrarlas con eficiencia», completó.