Córdoba (12/6/20). El titular de esta fuerza política cordobesa solicitó que se investigue el posible delito de aprovechamiento indebido de información reservada. Esto apunta a la polémica que se generó cuando se conoció la noticia de la jubilación del dirigente sindical y parlamentario oficialista, dos días antes de la sanción de la ley de reforma jubilatoria.
El escrito, solicitando se investigue al legislador y secretario general de la CGT regional Córdoba, José Pihen, por el posible delito de aprovechamiento indebido de información reservada, ingresó en la mañana de este viernes en la sede de Tribunales II, firmado por el presidente de la Coalición Cívica – ARI de la provincia de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, y por la abogada María Elvira Ispani.
De esta manera, Hernández Maqueda denunció penalmente al legislador provincial y jefe de la CGT regional Córdoba, José Emilio Pihen, para que el Poder Judicial investigue si, al habérsele concedido la jubilación dos días antes de la reforma previsional aprobada el 20 de mayo pasado, que supuso un recorte significativo a los ingresos de las jubilaciones altas, entre ellas la del señor Pihen, cometió el delito previsto en el artículo 268 del Código Penal.
Dicha norma establece que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, inhabilitación especial perpetua y multa equivalente de entre dos a cinco veces el monto involucrado, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
La presentación, que acompaña con su firma la abogada y presidente del Tribunal de Ética de la CC-ARI Córdoba, María Elvira Ispani, también solicita sean investigados penalmente los responsables de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, entre ellos su actual titular, Mariano Méndez.
Además, se solicita sea citado en calidad de testigo el actual ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, en tanto superior jerárquico del organismo en cuestión.
“Quisimos esperar al menos una semana desde que la información se hizo pública, para darle la posibilidad al Ministerio Público Fiscal de actuar de oficio, como debería ante la posible comisión de un delito de acción pública. Pero esto no ocurrió”, afirmó Hernández Maqueda, al momento de presentar la denuncia que insta la apertura de la investigación penal.
“Cada vez que un legislador y un líder sindical usa sus privilegios para su propio beneficio, le hace un enorme daño a la república, que implica igualdad ante la ley. Después nos preguntamos por qué cada vez más personas desconfían del sistema. Esperamos que esta vez la Justicia de Córdoba se anime a ir a fondo”, enfatizó el dirigente político.
En el escrito, los denunciantes afirman que “la conducta expuesta por parte del Señor Pihen no sólo puede configurarse en una violación a las normas del Código Penal Argentino, sino que pone en jaque cláusulas constitucionales como las estipuladas en los artículos 1 y 16, en lo que hacen al principio de igualdad».
A su vez, advierten que «resulta por lo menos escandaloso que un legislador, previo a una reforma jubilatoria tan preponderante, haya podido obtener una jubilación de privilegio cuando el resto de los ciudadanos fueron sorprendidos con una modificación del sistema previsional que fue sancionada en la Legislatura cordobesa casi sin debate previo, en tanto el mencionado proyecto no fue siquiera debatido en las comisiones respectivas”.
Los denunciantes también pusieron el foco de atención en el expediente de Pihen por el cual accedió a su beneficio jubilatorio. Sostuvieron que «el trámite administrativo analizado genera dudas en su legitimidad».
«Se ha visto beneficiado de un haber jubilatorio cuyo trámite inició en el año 2002 y continuó después de 18 años de estar archivado, esquivando así, cualquier trámite ordinario», acentuaron Hernández Maqueda e Ispani.