País (12/6/20). La Ciara-Cec advirtió que la participación del Gobierno en el sector «no es necesaria ni conveniente».
La cámara de la industria agroexportadora, que nuclea a las poderosas empresas que explican el 40% del comercio exterior argentino, rechazó con duros términos la posible expropiación de Vicentin que anunció el presidente Alberto Fernández.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por la intervención de la compañía, que podría «distorsionar y afectar» a la industria de granos.
«Consideramos que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país», destacaron.
En un duro comunicado, la Ciara-CEC señaló que en la Argentina cada exportación es pre-autorizada y los precios de cada embarque son controlados diariamente por el Estado nacional.
«Los planteos que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino. El concepto de soberanía alimentaria ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país», se afirma en el pronunciamiento.
Participación del Estado
En el documento, las entidades de la industria agroexportadora afirmaron que la eventual participación del Estado en el sector «no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante»
Sostuvieron además que «la intervención no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo».
Por último, resaltaron: «Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial».
