Córdoba (13/6/20). Fue a través de un pedido de informes que lleva las firmas de los dos parlamentarios de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC). Exigen conocer las razones por las que no se ha abonado ni a los profesionales médicos residentes ni a quienes trabajan en los centros de salud.
Los legisladores María Rosa Marcone y Aurelio García Elorrio (EVC) presentaron un pedido de informes al Ejecutivo provincial con el propósito de conocer los motivos por los que no se ha pagado aún el bono estímulo de $ 5 mil a los profesionales y trabajadores de la salud.
Cabe mencionar que dicho monto corresponde al pago diferencial que en carácter de estímulo establece el decreto 315/2020 del Poder Ejecutivo Nacional del 26 de marzo de 2020.
Mediante su iniciativa ingresada a la Unicameral, los vecinalistas demandaron a la administración schiarettista que tome las medidas correspondientes para dar cumplimiento «a la brevedad» a la citada norma.
Asimismo, instaron a los funcionarios «a iniciar la averiguación administrativa pertinente para determinar los responsables de esta vulneración de derechos de distintos profesionales de la salud», se señala en el pedido de informes.
En los fundamentos, los parlamentarios hicieron hincapié a quiénes comprende este beneficio establecido por el decreto 315/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
«A los fines de la percepción del beneficio, se entiende como trabajador o trabajadora a quien se encuentre bajo relación de dependencia en el sector privado o público o bajo otras formas contractuales, en tanto la prestación del servicio presente la característica de continuidad, ya sea bajo la figura de la locación de servicios, pasantías, becarios, residencias o prácticas profesionales«, indica el articulo 3 del decreto presidencial.
«La única explicación a esta privación de un beneficio acordado a quienes están poniendo en riesgo su vida y soportando destratos de parte de la sociedad, pareciera ser la inoperancia e ineficiencia de quienes deben velar por el bienestar de toda la población, también el de los trabajadores de los hospitales públicos. No puede justificarse con la consabida respuesta de falta de fondos, toda vez que estos vienen de otra jurisdicción, que claramente señaló quiénes debían ser los beneficiarios», argumentaron Marcone y García Elorrio.
