País (22/6/20). La Comisión de Mujeres y Diversidad retomará este martes el debate en torno a la ley de inclusión laboral trans y travesti con una reunión informativa convocada para las 15, en la que está previsto que expongan representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos) impulsa la «Ley Lohana Berkins» con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina, dos importantes organizaciones con presencia en todo el territorio nacional.
La parlamentaria cordobesa y dichas organizaciones llevan adelante la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y Travesti que tiene como principal objetivo la sanción de esta iniciativa.
En representación de las más de 50 organizaciones nucleadas en la Liga y la Convocatoria expondrán las activistas Claudia Vásquez Haro, Presidenta de la Convocatoria, y Karin Tuma, Secretaria de Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries de la Liga.
El proyecto que se conoce como «Ley Lohana Berkins» pretende dar una respuesta integral a la emergencia socio-laboral que vive la población trans y travesti, agravada por el contexto de la pandemia.
El 91% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado. El 85% de las mujeres y feminidades trans y travestis ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución como forma de supervivencia, se argumenta en los fundamentos del proyecto.
Como consecuencia, el 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud y el 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales. Todo lo cual hace que su expectativa de vida promedio sea de apenas 36 años de edad.
La «Ley Lohana Berkins» se sustenta en cinco ejes claves: 1) Reserva el 1,5% de los puestos del sector público nacional a las personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad; 2) Instituye un sistema de becas de capacitación para quienes no reúnan las condiciones de idoneidad con el compromiso de contratación inmediata y efectiva una vez finalizada la formación; 3) Establece incentivos impositivos a las empresas privadas que contraten personas trans y travestis.
Como así también: 4) Crea un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género destinado a la administración pública y las empresas privadas; 5) Incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo la prohibición de discriminar por motivo de identidad y/o expresión de género.
“La población trans y travesti es uno de los grupos sociales más vulnerados por la discriminación. Esta desigualdad se manifiesta en el mercado laboral de una manera brutal: 9 de cada 10 personas trans y travestis no tienen acceso a un trabajo registrado. Por esta razón impulsamos junto a las organizaciones sociales la ‘Ley Lohana Berkins’, ya que sólo con políticas públicas podemos revertir esta desigualdad estructural”, resaltó Estévez.
Protección Integral a las Mujeres
A su vez, la integrante de la bancada del Frente de Todos en Diputados presentó hoy un proyecto de ley de modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Con esta iniciativa, se busca que las fiscalías y juzgados de todo el país pongan en conocimiento de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres (UFEM) las muertes violentas de mujeres y personas LGBTIQ y los delitos contra la integridad sexual cuando se encuentre involucrado un funcionario público para garantizar que el representante del Ministerio Público Fiscal pueda contar con un equipo interdisciplinario especializado en la materia dada la complejidad de los delitos de los que se trata.
El proyecto surge como respuesta a la denuncia por acoso que se dio al interior de la Cámara de Diputados contra el ex diputado nacional José Orellana por parte de una empleada de la Cámara. A raíz de este caso, quedó expuesto una vez más que las limitaciones actuales del servicio de justicia pueden menoscabar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos, siendo que la UFEM puede proveer al proceso el conocimiento necesario para evitar la constante revictimización de la persona afectada.
“Lamentablemente, las personas en situación de violencia por motivos de género encuentran en el servicio de justicia más revictimización que reparación. Una de las principales razones es que la mayoría de las fiscalías y juzgados de nuestro país no cuenta con equipos interdisciplinarios especializados que puedan hacer de soporte en estos casos. Es por esto que presentamos este proyecto de ley para que puedan contar con el acompañamiento del equipo de la UFEM en los casos más complejos, como las muertes violentas de mujeres y personas LGBTIQ y los delitos contra la integridad sexual cuando esté involucrado un funcionario”, argumentó Estévez.
