Ciudad de Córdoba (23/6/20). El autor del proyecto de ordenanza afirmó que la pandemia, y tras más de 90 días del confinamiento preventivo y obligatorio, puso de relieve «la vulnerabilidad y precariedad a la que están expuestos» los adultos mayores.
Mediante una iniciativa ingresada al Concejo Deliberante, el edil Rodrigo de Loredo (Evolución) impulsa la creación del Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores de la ciudad de Córdoba, «encargado de velar por la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses individuales y colectivos de los mayores de 60 años».
“Transcurridos más de 90 días del confinamiento preventivo y obligatorio la situación no da para más. Se debe gestionar la salida de la cuarentena, reactivando la economía y focalizando todos los cuidados en los grupos de riesgo, especialmente en las personas mayores de 60 años”, enfatizó el integrante del arco opositor en el cuerpo deliberativo de la Ciudad.
De Loredo expresó que “en el actual contexto de expansión de la pandemia mundial de COVID-19 los adultos mayores están en el centro de la escena por ser el grupo etario de mayor riesgo ante el contagio».
«Esta situación puso de relieve la vulnerabilidad y precariedad a la que están expuestos», advirtió el edil, quien propuso esta figura institucional como «una herramienta que aporte a la defensa, protección y promoción de los derechos de los adultos mayores en nuestra ciudad”.
Según la iniciativa del concejal de Evolución, el Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores que se propone crear, tendrá como misión principal defender los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en las distintas normativas nacionales, provinciales y municipales que los amparen.
A su vez, tendrá legitimación procesal, por lo cual podrá supervisar a las entidades públicas o privadas dedicadas a la atención de adultos; podrá ordenar la realización de estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria que permita el esclarecimiento de una investigación.
Entre otras facultades, también podrá realizar advertencias, recomendaciones a autoridades, sugerir cambios y nuevas normativas, requerir informes, entre otras cuestiones, siempre con el objeto de velar por la protección y cumplimiento de los derechos de los adultos mayores.
Se trata de un órgano independiente cuyo titular deberá acreditar idoneidad y especialización en asuntos referidos a la tercera edad, derecho a la ancianidad, gerontología, derecho previsional y/o cualquier otra temática vinculada a la materia.
Será designado y removido por el Concejo Deliberante y se incorporará la participación de los vecinos, quienes podrán expresar su opinión respecto de los postulantes. Se recibirán aspirantes de parte de Centros de Jubilados, ONGs, asociaciones y los propios ciudadanos interesados que se inscriban.
“El Estado debe adoptar decisiones de políticas públicas que acompañen y den respuesta a un segmento tan importante de la sociedad, trascendiendo el contexto actual de pandemia mundial, toda vez que constituye una obligación ética visibilizar y aportar soluciones a los problemas que enfrentan los adultos mayores y que el COVID-19 potenció en muchos casos”, aseguró De Loredo.
El concejal realizó un relevamiento censal, de manera telefónica, en todos los hogares de la capital para conocer la realidad concreta que están viviendo las personas mayores a 60 años. Se procesaron unas 3.626 respuestas de adultos mayores de 60 años. A partir de este estudio, se diagramaron propuestas que atiendan las principales problemáticas de la población más vulnerable frente al COVID-19.
