País (8/7/20). El ex titular de la AFI macrista busca que la investigación por espionaje ilegal durante su gestión pase a la Justicia federal porteña. Por otro lado, hoy se conoció la imputación a Arribas y Majdalani por la venta irregular de armamento en el organismo de inteligencia.
El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, pidió este miércoles que le quiten la causa por supuesto espionaje ilegal por la cual fue citado a indagatoria al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y pase a competencia de la justicia Federal de Capital Federal.
El planteo fue hecho por los abogados de Arribas, quien fue llamado para el próximo martes a declaración indagatoria en Lomas, ante la Cámara Federal.
Tras el sorteo correspondiente, la jueza Federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de determinar si ese tramo de la investigación sigue en poder de Auge o tramita o pasa a Comodoro Py, consignó Noticias Argentinas.
La acusación sobre Arribas tiene que ver con el presunto espionaje ilegal que tuvo lugar a mediados del 2018 en el Instituto Patria y en el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta por parte de agentes de la AFI.
Según la acusación del juez y de la fiscal Cecilia Incardona, Arribas presentó notas en el Congreso en las que intentó ocultar esa maniobra de espionaje ilegal, al asegurar que esas tareas de inteligencia habían sido habilitados por orden judicial.
Venta irregular
Por otro lado, el fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles a Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
En las diligencias probatorias del escrito judicial, el fiscal solicitó que se encomiende una tasación o estudio de la especialidad con el objeto de determinar el valor de mercado de las armas comercializadas a la fecha de los hechos.
También pidió consulta a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para saber si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.
Es por la venta de 290 armas, entre ellas escopetas, pistolas y revólveres Beretta, Glock y otras de colección.
El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
La causa se abrió por la denuncia que hizo la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, quien afirmó que «se autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico».
La denuncia hace referencia a dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, las cuales permitieron la venta a precio «irrisorio» a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas «aptas para el disparo y utilización».
Se trata de 73 agentes que compraron armas a precios que no alcanzarían «el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal», según la denuncia de Caamaño, en la que se destaca la transacción de armas de colección difíciles de conseguir en el mercado, como los Ruger y Colt Trooper.