Ciudad de Córdoba (12/7/20). Es ante la decisión el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de declarar la emergencia e introducir cambios en el funcionamiento del sistema de transporte público de pasajeros.
En los próximos días ingresará al cuerpo deliberativo de la Ciudad un proyecto de ordenanza que plante una modificación al sistema de transporte urbano de pasajeros que impulsa la gestión Llaryora.
Desde la Secretaría de Movilidad Urbana se dijo que habrá un replanteo del actual sistema que atraviesa una crisis por la recesión que arrastra, a lo que se suma el impacto de la pandemia.
“Buscamos una solución de fondo”, destacó Marcelo Mansilla (a cargo de dicha secretaría) al tiempo que adelantó que esa solución que plantean incluye cambios para el usuario y los trabajadores a través de nuevas medidas económicas, de servicio y tecnológicas. (Ver nota: Emergencia en el Transporte: se vienen cambios en las «condiciones y el escenario”).
En este contexto, el jefe de la bancada opositora de Córdoba Cambia, Juan Negri, advirtió que «cualquier reforma a la concesión del transporte debe ser aprobada por el Concejo» Deliberante.
El edil radical señaló que así lo dispone el artículo 64 inciso 17 de la Carta Órganica Municipal. «El Ejecutivo no tiene atribuciones para hacerlo.
Todo lo que hagan contra esa norma es ilegal y agrega más precariedad», acentuó.
En cuanto al tratamiento en el Concejo de esta reforma que impulsa el Ejecutivo municipal al sistema de transporte público, el titular de la principal bancada opositora destacó que «debe ser en doble lectura».
También indicó que según el plazo de la concesión, «debe ser aprobada por los dos tercios del total de los miembros».
«Estamos dispuestos a debatir y aportar soluciones, pero no a seguir delegando facultades para que el DEM haga lo que quiera», enfatizó el concejal radical.
Cabe recordar que el transporte público se encuentra paralizado desde hace 12 días por las medidas de fuerza de la UTA. A esto hay que sumar que en mayo el servicio no se prestó durante 25 días por el conflicto salarial de los choferes ante el incumplimiento de las empresas concesionarias.
