Ciudad de Córdoba (17/7/20). Pese al rechazo de todo el arco opositor -con distintos matices, pero con puntos de coincidencia- la mayoría oficialista sancionó esta tarde la ordenanza girada por el Ejecutivo Municipal.
Tras renovar la discusión planteada por la oposición ante la necesidad de contar con los dos tercios para tratar los proyectos en el plenario de esta tarde, con el argumento del oficialismo de que se convocó mediante un decreto a sesión especial con un temario formal, arrancó pasada las 17 el debate en torno a la emergencia del transporte público de pasajeros.
El oficialismo defendió la iniciativa impulsada por el intendente Martín Llaryora que otorga amplias facultades al Departamento Ejecutivo Municipal para manejar la crisis del transporte público en medio de la pandemia, aunque el proyecto establece un plazo de un año a la emergencia, con la posibilidad de renovación por un año más.
Ante la crisis del transporte público, que ya venía afectado por la crisis económica, se agravó producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus y los efectos del aislamiento obligatorio.
En este sentido, el municipio hizo hincapié en la disminución drástica de la cantidad de pasajeros transportados por el sistema de transporte masivo de pasajeros de la Ciudad que se refleja en el corte de boletos, «lo que no le permite cubrir los costos mínimos de operación del servicio».
La iniciativa que tiene tan sólo cuatro artículos, siendo el último de forma, plantea en el punto dos la cuestión neurálgica del propósito del Ejecutivo municipal para manejar la crisis del transporte público en el marco de la emergencia económica y sanitaria.
Dicho artículo de la ordenanza sancionada otorga amplias facultades al intendente para «a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias, tendientes a la readecuación del diseño estratégico, técnico y operativo de la prestación del servicio, a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte insatisfechas».
De esta manera, se habilita al Gobierno de LLaryora a disponer de «extensiones o nuevas vinculaciones en cualquiera de sus modalidades, establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas, así como a disponer el ordenamiento e
instrumentación del régimen económico financiero, y toda aquella que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema y la Movilidad y Tránsito Urbano», señala la iniciativa.
En el artículo 3 de la nueva norma municipal, que el oficialismo aprobó en la tarde de este viernes con los votos propios, se refuerza la intención del municipio.
En este articulado se autoriza «al Ejecutivo Municipal a disponer todas las medidas que estime pertinentes a los fines de garantizar la efectiva y regular prestación del servicio de transporte a los usuarios».
Oposición
Por su parte, el arco opositor (Córdoba Cambia, UCR, Evolución, Encuentro Vecinal CBA y Fuerza de la Gente) consensuó un despacho de minoría que reflejó una visión más amplia, que va más allá de la emergencia por la pandemia, acerca del sistema de transporte público de pasajeros. El punto clave en términos políticos es que no otorga «superpoderes» al intendente para el manejo de esta crisis.
Desde la representación del Frente de Izquierda -en manos de Laura Vilches- se defendió el proyecto con despacho propio que planteó la estatización del servicio del transporte público bajo control de los trabajadores.
La oposición machacó en que la iniciativa oficialista contiene generalidades y términos en abstracto para justificar una emergencia que «lo único que hace es llenar de superpoderes y excesivas facultades que ya tienen en el pliego de concesión y no aplican».
La iniciativa opositora -que cuenta con 18 artículos- plantea una mirada más amplia de la emergencia del sistema que va más allá de la pandemia y evita ceder facultades del Concejo al Ejecutivo municipal. También fija la mirada en avanzar hacia un transporte para el Área Metropolitana de Córdoba.
La iniciativa opositora plantea además la simplificación de los medios de pago de los usuarios, utilizando plataformas virtuales y digitales de recarga; las readecuaciones de recorridos y de frecuencias entre los barrios y los CPC, con el objetivo de facilitar el acceso a los recorridos troncales de las diferentes líneas; el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sustentable, con la infraestructura adecuada; la instalación de videocámaras para la seguridad de pasajeros, choferes y unidades de transporte; y garantizar la circulación de las unidades adaptadas para asegurar la accesibilidad de personas con discapacidades y/o movilidad reducida.
Los opositores también demandaron la puesta en marcha del sistema de Ferro Urbano, la obligación de transparentar los subsidios, con un reporte mensual al Concejo de lo que ingresa de la Nación y Provincia, montos y destino, y el desarrollo de un Plan de Emergencia para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio sobre la base de los recursos propios del municipio y el registro de vehículos y conductores en condiciones de prestar este servicio.
