Córdoba (23/7/20). Así rechazó el anuncio del martes de la administración schiarettista de posponer para el mes de octubre la negociación salarial. La UEPC afirmó que no esta dispuesta «a resignar derechos salariales y laborales».
El Gobierno provincial anunció anteayer que acordó con los gremios estatales postergar hasta octubre la próxima negociación salarial, prevista originalmente para agosto.
En el marco de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país, las condiciones económicas y financieras de la Provincia se ven seriamente comprometidas, se argumentó desde el Centro Cívico.
En esta línea, el gremio de los docentes estatales señaló que el Gobierno «ha manifestado la imposibilidad de valorar la evolución de la economía mientras dure la emergencia sanitaria».
Además de la medida adoptada de postergar para octubre la negociación salarial, la administración provincial dispuso que el tercer tramo del incremento salarial, que se había acordado otorgar a partir de los sueldos del mes de julio, se abonará en planilla complementaria durante la segunda quincena de agosto.
Ante esta situación, la UEPC reclamó que el Gobierno «debe cumplir los acuerdos» y resaltó que no esta dispuesta «a resignar derechos salariales y laborales».
«Desde UEPC entendemos que la situación económica del Gobierno de la Provincia es crítica y que incluso está en juego la posibilidad de quebranto del Estado. Sin embargo, no estamos dispuestos a que dicha coacción sea permanente y que a través de ella se pretenda forzarnos a resignar derechos salariales y laborales», puntualizó en un comunicado.
En este sentido, la conducción sindical afirmó que «no resignaremos los aumentos que corresponderían ser otorgados» y «tampoco retrocederemos en los reclamos que hemos venido realizando en los últimos meses.
De esta manera, el gremio de los docentes se refirió a la cobertura de vacantes, realización de juntas médicas, otorgamiento de carpetas médicas, cobertura de gastos de conectividad y equipamientos propios del régimen del teletrabajo.
A su vez, remarcó que continuará con las acciones judiciales y de movilización «contra el ajuste jubilatorio perpetrado a través de la Ley 10.694».