País (3/8/20). La principal coalición opositora cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno del Frente de Todos. Remarcó que su puesta en marcha constituye «un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo».
Con duras críticas, los referentes y titulares de las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio (JxC), más los jefes de las bancadas parlamentarias, expresaron su rechazo al proyecto de reforma judicial impulsada por el Gobierno del Frente de Todos.
«La llamada ‘reforma judicial’ que impulsa el Gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4.000 millones anuales».
Así el nucleo opositor manifestó su negativa sobre la iniciativa oficialista en el inicio de un documento que lleva las firmas de Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martin Lousteau, Humberto Schiavonni, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Horacio Rodriguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto.
Ante esta primera valoración en cuanto al costo fiscal de la reforma judicial, la oposición advirtió del contexto de pandemia en el cual se pretende aplicarla.
«En un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios», acentuó.
Al cuestionar «semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del Gobierno en el actual escenario», JxC destacó que la intención del Frente de Todos de avanzar con la reforma judicial «no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo».
En el plano jurídico, la coalición opositora señaló que «el proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal».
«El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces.
La cantidad de órganos proyectada es arbitraria y no responde a ningún estudio serio respecto de la carga de trabajo», agregó.
Los referentes y parlamentarios de JxC resaltaron que el proyecto oficialista es «una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuándo se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la ‘mayoría automática’; apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo».
En este sentido, aseguraron que «no se superan los problemas originados por el desempeño degradado de algunos magistrados creando más cargos, sino haciendo responder a los malos jueces por sus actos».
Al subrayar que «la reforma se impulsa en un contexto donde funcionarios del Gobierno promovieron la libertad de presos comunes y corruptos confesos», la dirigencia de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica-ARI enfatizaron que «se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen jueces que solo se les ocurre liberar delincuentes».
