Córdoba/País (7/8/20). El amparo contra el decreto de Alberto Fernández se presentó en el mediodía de este viernes en los Tribunales Federales, de acuerdo a la estrategia judicial diseñada por Elisa Carrió e impulsada por la Coalición Cívica ARI a nivel nacional.
Dirigentes de la CC-ARI Córdoba presentaron hoy una acción de amparo en Tribunales Federales contra el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando se declare inconstitucional el DNU 641/20 que prohíbe las reuniones familiares, de acuerdo a la estrategia judicial diseñada por Elisa Carrió e impulsada por la Coalición Cívica ARI a nivel nacional.
La demanda de amparo con una medida cautelar lleva las firmas de Maximiliano Arnosio, Gaspar Amiune y Gregorio Hernández Maqueda, en carácter de ciudadanos domiciliados en la Provincia de Córdoba, con el patrocinio letrado de la apoderada partidaria, la abogada Yanina D’Ángelo.
Con este amparo se busca que la Justicia Federal de Córdoba habiliten las reuniones familiares en todo el país, declarando así inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia número 641, dictado el 2 de agosto por el presidente de la Nación Alberto Fernández.
“El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU 641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina”, afirmó la Junta Ejecutiva Nacional y el bloque de diputados nacionales de la CC-ARI junto a Elisa Carrió, en un documento difundido a mediados de semana.
“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, advirtió la dirigencia opositora.
A su vez, destacó que “se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires».
En su pronunciamiento, las autoridades y los diputados de la fuerza política liderada por Carrió resaltaron que «el DNU es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho».
«El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que esa no es la salida», añadieron.
Por último, Carrió y sus dirigentes políticos le exigieron al Gobierno «poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades».
«La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco», enfatizó la dirigencia lilista a nivel nacional en su documento de esta semana.