País (9/8/20). De esta manera continúan las audiencias con la presencia de funcionarios nacionales y expositores del ámbito judicial. Durante la segunda jornada, se escucharon voces críticas sobre la iniciativa del Gobierno por parte de funcionarios judiciales o representantes de asociaciones de magistrados.
El debate del proyecto de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo nacional continuará esta semana en forma virtual en el Senado de la Nación, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, al que asistirá la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
El proyecto, que busca la reorganización de las competencias de la Justicia Federal de todo el país, será defendido el martes a las 14 por la ministra Gómez Alcorta, quien abrirá la tercera reunión remota para debatir la iniciativa que abrió la semana pasada su colega de Justicia, Marcela Losardo.
En esa ocasión, la titular de la cartera de Justicia manifestó que el proyecto del Gobierno busca «cambiar la imagen de la Justicia» para que «los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente».
«Con nuestro proyecto de ley creemos que debe cambiar la imagen de la justicia, la confianza en la justicia», resaltó Losardo al presentar la iniciativa en la Cámara alta del Congreso.
«Tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz, cercano y que la respuesta a su conflicto social llegue en un plazo razonable», acentuó la ministra, al tiempo que apuntó que se tuvieron en consideración «todas las necesidades que se presentaron en cada uno de los ámbitos en que este proyecto tiene incidencia».
Losardo resumió que «este proyecto de ley consiste, contiene y somete a discusión parlamentaria tres dimensiones de la justicia federal de nuestro país: el fortalecimiento de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fortalecimiento de la justicia civil comercial y contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias».
También sostuvo que «el proyecto también interviene en la justicia en la estructura de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa porque es indispensable para enfrentar la necesidad que va a presentar y presenta el nuevo fuero» y que «en lo que concierne a los ministerios públicos su dotación se robustece mediante la creación de cargos de fiscal y defensores ante juzgados federales de primera instancia».
«Asimismo se extiende toda la justicia federal las reglas de actuación previstas en la 27.146 en su artículo segundo», añadió. A su vez, se refirió a la «transferencia total de las competencias penales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la implementación del código procesal penal federal».
Críticas
No obstante, en la segunda jornada, se escucharon voces muy críticas contra la iniciativa impulsada por el Presidente Alberto Fernández. En esa ocasión, la mayoría de los expositores, especialmente funcionarios judiciales o representantes de asociaciones de magistrados, cuestionaron el proyecto.
En sus declaraciones ante los senadores, se señaló que esta reforma judicial no resolvía los problemas de la administración de justicia y que se había presentado a destiempo.
A su vez, cuestionaron la creación de nuevos juzgados en detrimento de las fiscalías, ya que el nuevo Código de Procedimiento Penal busca reemplazar el sistema inquisitorio por uno acusatorio.
Alberto Garay, abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, enumero una serie de «inconsistencias y deficiencias técnicas» que a su entender tiene la iniciativa como ser el aumento de jueces federales y la falta de constatación empírica. «El aumento desmedido de la justicia federal en la Capital es demasiado desproporcionado con el resto del país», manifestó.
Asimismo, el doctor cuestionó el «método de selección de subrogantes» al considerarlo «inconstitucional». Por último, sostuvo que la «la reforma no es congruente con lo que es el código procesal penal» y que se «deberían nombrar más fiscales no más jueces».
En tanto, el doctor Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales, manifestó que «el texto normativo de la iniciativa creo que es un texto que no colabora con un proceso de reforma sino más bien atrasa».
Salt consideró que «este proyecto pone el carro delante del caballo» y «la experiencia de otros proyectos de reforma han logrado demostrar que ir hacia el sistema acusatorio no es poner un texto normativo en un código, es un movimiento cultural que requiere de un enfoque multidisciplinario».
«Las consecuencia de un proyecto fallido son tremendas para la democracia», concluyó.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) opinó que «no se advierte en el proyecto que se haya tenido en cuenta la situación crítica en que se encuentra hoy la justicia».
Señaló algunas observaciones al proyecto como el sistema acusatorio y el proceso de selección. Asimismo, consideró que «la creación de las 23 fiscalías carece de un espacio donde funcionar y una dotación de personal. El riesgo de colapsar el sistema por falta de recursos es mucho más grave».
Además, expresó su preocupación por el proceso de selección al considerar que «es necesario resaltar que el sistema de concursos no puede dejar de lado la valoración de antecedentes y oposición de los y las postulantes».
Por su parte, Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, consideró que «es obligación nuestra alertar de situaciones que podrían afectar el funcionamiento y poner en riesgo el servicio de justicia».
Expresó que «frente a la clara determinación de cómo habrá de integrarse este fuero el proyecto de ley a partir del art. 28 plantea la disolución de la justicia correccional y criminal y acá no hay tantas precisiones».
Cuestionó el mecanismo por el cual la «transferencia de competencia a la justica de la Ciudad se establecería merced a convenios».
Seijas aclaró que «no discutimos la transferencia de competencias, alertamos acerca de los problemas que se puedan presentar en el funcionamiento de la Justicia. No discutimos que se transfieran delitos a la órbita de la Ciudad, el tema es el mecanismo».
Es por ello que destacó: «Las competencias no se pueden transferir de un momento a otro, hay que hacer los correspondientes acuerdos y también el traspaso de recursos».
En el marco de las audiencias, este martes, Gómez Alcorta abrirá la jornada, que continuará con la ponencia de otros oradores invitados por el bloque oficialista del Frente de Todos y del interbloque de Juntos por el Cambio. La decena de invitados, a excepción de la ministra, tendrá un tiempo limitado de exposición que ronda los diez minutos.
