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Desde la UCR advierten que el Gobierno pretende «una megareforma judicial» que le otorgue «poder e impunidad»

País (15/8/20). «Hay un rechazo unánime de amplios sectores que incluye especialistas, asociaciones del derecho, cúpula judicial y todo el arco opositor”, destacó el diputado radical Mario Arce.

El integrante de la bancada de diputados nacionales de la UCR se refirió al un proyecto de reforma judicial elevado por el Poder Ejecutivo que modifica las estructuras de los fueros federales de todo el país, aunque los mayores cambios están direccionados a la Capital Federal. 

El parlamemtario radical por Formosa aseguró que “la centralidad del Gobierno nacional no pasa por construir una mejor justicia sino adueñarse de ella y eso atenta contra la posibilidad de realizar cambios estructurales”.

Arce destacó que “una reforma de estas características requiere de construir un gran consenso político, que no se está dando, hay un rechazo unánime de amplios sectores que incluye especialistas, asociaciones del derecho, cúpula judicial y todo el arco opositor”.

En su dura crítica, el radical calificó al proyecto de la administración del Frente de Todos como «inoportuno» e «inconsistente». En esa línea, resaltó que «desnuda las intenciones del gobierno de tomar el control del Poder Judicial, en especial de Comodoro Py, con el fin de interferir sobre causas de corrupción que ya están iniciadas y que tiene involucrados a ex funcionarios de la etapa kichnerista».

Arce sostuvo además que con esta iniciativa se pretende «crear un sistema de impunidad para futuros casos y la utilización de este poder como aparato persecutorio”.

Al apuntar contra el kirchnerismo en el Frente de Todos, el legislador formoseño advirtió que “no es casual lo ocurrido en estos 8 meses, donde se dio una ‘catarata’ de ex funcionarios condenados que fueron liberados por la Justicia, y donde en varias causas hubo presión del gobierno, a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se presentó para pedir la libertad de presos”.

Según el proyecto, la reforma promueve la creación de cientos de órganos judiciales, que incluye el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y secretarios, con un costo fiscal aproximado de $ 4.000 millones de pesos anuales.

Con respecto a este punto, Arce consideró que si bien el proyecto ingresó por el Senado, «lo estamos empezando a analizar, pero de las primeras observaciones podemos decir que es ilógico que un tercio de esos recursos se focalicen solo en la Capital Federal ya que eso ‘blanquea’ la intención de licuar y debilitar la estructura de Comodoro PY, que indudablemente ‘incomoda’ a este gobierno por la cantidad de expedientes de corrupción que concentran estos fueros”.

Por otro lado, el opositor indicó que el proyecto, desde la teoría, pretende fortalecer el sistema acusatorio, pero nombra más jueces que fiscales cuando en realidad debería hacer lo contrario”, y agregó “en un sistema dispositivo o acusatorio el rol del fiscal es fundamental ya que realiza el mayor trabajo en todo el proceso a través de la investigación, recolección de pruebas y acusación, en cambio la tarea del juez en este sistema es estrictamente de decisión o resolución”.

Con respecto al sistema de subrogancias que plantea la iniciativa oficialista, Arce subrayó que «es otras de las trampas que el Gobierno impulsa, ya que la urgencia es cubrir dentro de los 10 días de entrada de vigencia de la ley, las vacantes que hay en la ciudad de Buenos Aires y no las del interior que hace años esperan ser cubiertas”.

«En el caso de la Provincia de Formosa, durante años estuvimos sin jueces federales porque no se nombraban, es más se creó hace unos años un juzgado federal en la ciudad de Clorinda y todavía está vacante y sin funcionar, demostrando un contrasentido en pretender crear nuevos juzgados siendo que muchos existentes todavía no están funcionando, resintiendo el servicio de justicia en nuestra provincia», puntualizó.

Por último, el radical también se manifestó contrario a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dijo “es la reedición del proyecto menemista de los 90 que terminó con una Corte que pasó de tener 5 a 9 miembros, garantizando una mayoría funcional al poder peronista”.

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