
País (28/8/20). El oficialismo se impuso con 40 votos a favor contra 26 en contra. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos se topa con la resistencia más dura de la oposición.
El Senado aprobó pasada la medianoche, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la «cláusula Parrilli» por la cual se obliga a los jueces a denunciar presiones mediáticas.
Las posturas encontradas del oficialismo y la oposición se reflejaron a la hora del resultado de la votación: la iniciativa del Gobierno que sufrió algunas modificaciones fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio.
Durante un debate de más de 10 horas, el Frente de Todos defendió el proyecto del Ejecutivo nacional que persigue «fortalecer» la Justicia Federal, mientras que la oposición lo rechazó por «inoportuno» e insitió en que se busca «impunidad».
Juntos por el Cambio se quejó antes y durante la votación por la cantidad de cambios introducidos al proyecto -con creación de juzgados y cámaras- leídas sobre el final, que según dijeron no habían sido siquiera informadas.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del «puntapié inicial» de una reforma que «debe ser más amplia».
En el final de la sesión, el Frente de Todos a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.
Voces

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), repasó el contenido de la iniciativa y subrayó que “durante las casi 21 horas de debate se escuchó a 50 oradores que ayudaron a mejorar” el proyecto.
A su vez, destacó que “ninguna causa será sacada de sus jueces naturales” y que cada una de ellas continuará siendo tratada por los magistrados que las tramitan.
Sostuvo que a partir del debate, también “se agregó transparencia a los sorteos” y “garantía a los concursos” de candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.
Sacnum resaltó que se incorporó a la iniciativa que “parte de los concursos serán por escrito” y que “el proyecto incorpora la mirada de género” y reivindicó que “desde el Senado de la Nación se incorporó la mirada federal”.
Entre las modificaciones incorporadas por el Senado se encuentran:
- Mantener el examen escrito en los concursos de selección, además de las audiencias públicas.
- Los sorteos de causas deben ser grabados bajo apercibimiento de nulidad.
- No unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Crear un tribunal de resolución de los conflictos de competencia de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal.
- Mantener la exclusividad de las secretarías con competencia en derechos humanos así como a su personal para garantizar “Memoria, Verdad y Justicia”.
La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (JxC) calificó a la iniciativa como “un festival de cargos” y como parte de una medida “para manejar la justicia”.
Advirtió que se encontraba en debate un proyecto que trata de modificar “solamente la justicia penal federal, que atiende a los poderosos, a los acusados de corrupción”.
El cierre de la sesión, luego de más de 10 horas de deliberaciones, estuvo a cargo de los titulares de las dos bancadas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) y José Mayans (FdT).
Naidenoff coincidió en que “es cierto que este proyecto no es una reforma judicial. Será un punto de partida”, se preguntó para luego responderse que la iniciativa es una modificación del fuero procesal penal.
El radical afirmó que la iniciativa “es un intento de colonizar la justicia, creando y repartiendo cargos, no en cualquier justicia sino que en la justicia federal”.
Por su parte, Mayans apuntó sus críticas contra el Gobierno de Mauricio Macri. El peronista sostuvo que “hubo una estrategia del gobierno anterior para perseguir a la oposición y que para ello se utilizó al Poder Judicial”.
El formoseño denunció el intento de manipulación del Gobierno anterior a la Corte Suprema, “pretendiendo nombrar dos miembros por decreto de necesidad y urgencia” y al “Consejo de la Magistratura en el que se tomaron decisiones sin tomarle juramento al entonces miembro de la oposición, el senador por Chubut, Juan Mario País”.
El jefe de la bancada oficialista concluyó que “la credibilidad del Poder Judicial está seriamente cuestionada”. En este sentido, enfatizó que el desafío del momento es “tener una justicia transparente, independiente, que llegue en término y que no esté sometida a ningún poder; ni político, ni económico, ni de ningún tipo”.